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Narcovehículos a subasta (27-07-2015)


GALICIA, En las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Poio, la maleza va tomando posesión de una media docena de vehículos, algunos de ellos destrozados. La Policía Nacional también almacena un número parejo de automóviles intervenidos en operaciones de narcotráfico sobre las que aún no hay sentencia. Los agentes de algunas unidades utilizan algunos de ellos hasta que están «quemados», esto es, ya no cumplen su propósito de dar cobertura a investigaciones o vigilancias.

En breve, por primera vez, varios de estos automóviles serán liquidados por un organismo que, surgido de la colaboración entre la Fundación Galega contra el Narcotráfico y la Vicepresidencia de la Xunta, está dirigido a gestionar y vender anticipadamente los bienes embargados. Ya no solo se trataría de coches, sino también de naves industriales, viviendas o embarcaciones intervenidas en operaciones contra el tráfico de drogas o el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. «Hemos empezado a funcionar tímidamente», reconoció el fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte.

El resultado de estas primeras liquidaciones marcará un antes y un después en una nueva vía para conseguir que el patrimonio de los condenados por narcotráfico revierta en la sociedad.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la operativa habitual era que los bienes decomisados en estas operaciones permaneciesen en depósito y eran reintegrados a sus propietarios cuando la autoridad judicial lo determinase. Ya fuera por una desimputación, una sentencia absolutoria o, simplemente, porque se consignaba que no entraba dentro del patrimonio a embargar.

El problema era doble. Por un lado, el Estado, el Ministerio del Interior, tenía que sufragar el mantenimiento de los vehículos y su almacenaje, o, incluso, a hacer frente a los gastos de comunidad de una vivienda. Y por otro, cuando eran reintegrados a sus titulares, el estado de algunas propiedades era muy deficitario.

Para solventar ambas cuestiones, el Código Penal, tal y como reseñó Luis Uriarte, estableció que determinados bienes que se deprecian o deterioran con el tiempo deben venderse «desde el primer momento» y el dinero que se obtenga, ingresarse en una cuenta controlada por la autoridad judicial. En caso de exoneración, el dinero sería devuelto al encausado.

Hace cinco años, en el 2010, la Ley de Enjuiciamiento Criminal determinó la necesidad de crear una entidad que liquidase estos bienes e, incluso, la bautizó como Oficina de Recuperación de Activos. «A día de hoy, sigue sin funcionar», reconoció Uriarte.

En abril, Xunta y Fundación Galega contra el Narcotráfico firmaron un convenio pionero a nivel nacional y que, de salir bien estas primeras subastas, podrían marcar la senda que se siga en otros puntos del territorio nacional con este mismo problema.

El convenio para liquidar propiedades decomisadas es pionero a nivel nacional

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Fuente: La Voz de Galicia. >>
 



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