NOTICIAS: 19.01.2021
Uno de los tantos temas con el que gobierno de Joe Biden le cobrará a Iván Duque -y de paso a Colombia-, haberse parcializado hacia Donald Trump en las pasada elecciones, será el tema de drogas. Pero aunque será una oportunidad para cobra “venganza”, tampoco es improvisación del Partido Demócrata estar involucrado en las reformas de políticas de drogas en Estados Unidos en los últimos años, especialmente en lo que tiene que ver con la regulación del mercado ilegal de la marihuana.
El pasado 4 de diciembre la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la despenalización de la marihuana a nivel federal, gracias a la mayoría de los votos demócratas; en las próximas semanas el proyecto de ley llegará al Senado, que ahora también cuenta con mayorías demócratas y aunque el debate se espera agudo, los demócratas cuentan con las mayorías para convertirlo en ley. Este proyecto no solo buscará la despenalización total de la producción, porte, distribución y consumo de cannabis con fines recreativos, medicinales e industriales, sino que también, busca la descongestión carcelaria por delitos menores de drogas y eliminaría sanciones o restricciones por tener antecedentes relacionados con el tema de drogas.
En el año 2016, la Corporación ATS participó en UNGASS como delegados de la sociedad civil y una de nuestras principales denuncias fue que gracias al Plan Colombia y la política de guerra contra las drogas de Estados Unidos, había menos guerrilla, pero más cocaína. Pues a esa misma conclusión llegó la “Comisión de Política de Drogas para el Hemisferio Occidental” que creó la Cámara de Representantes norteamericana hace 3 años y que tenía como objetivo evaluar las políticas de drogas de Estados Unidos en Colombia, México, Centroamérica y El Caribe.
Como era de esperarse Colombia recibió atención especial y la evaluación dejó claro que, pese a la inversión de más de 10 billones de dólares, entre el gobierno de Andrés Pastrana (2000) y el de Juan Manuel Santos (2016), los resultados no habían sido los esperados, pues, aunque se redujeron las guerrillas, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. El informe también indica que la erradicación forzosa no es suficiente y que la fumigación no es efectiva. El informe hace un llamado a apoyar el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, proteger a los líderes sociales, construcción de vías, territorializar las políticas públicas etc.
Juan González es el colombiano que hizo parte de la elaboración de este informe y la primera semana de enero fue nombrado como asesor del hemisferio occidental de Joe Biden en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En las manos de Juan estará entonces implementar las recomendaciones de este informe, pero además hacer parte de las políticas de Biden que se orientaran en la legalización federal de la marihuana y su implementación, cumplir con su consigna de “Proteger comunidades reformando nuestro sistema de justicia criminal”, excarcelación y descriminalización de comunidades negras, latinas y migrantes especialmente. “Ya es hora de poner fin a la fallida guerra contra las drogas que ha encarcelado a millones de estadounidenses, desproporcionadamente personas de color, y no ha sido eficaz para reducir el consumo de drogas. Los Demócratas apoyan políticas que reorientarán nuestro enfoque de seguridad pública hacia la prevención”, dijo en una de sus manifestaciones de campaña Biden.
Mandatarios locales a liderar reformas.
La pandemia que aun vivimos no ha permitido conocer las intenciones políticas de muchos nuevos mandatarios locales, mientras a varios gobernantes la pandemia les ha permitido ocultar su incapacidad y continuar con la corrupción, a otros mandatarios no les ha permitido dar a conocer su talante reformista e innovador en temas como la política de drogas. Lo cierto es que los mandatarios locales, especialmente de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali deben dejar claro que la posición de Iván Duque no es la posición de toda Colombia y que a nivel local si hay terrero fértil para articularse a la corriente mundial de giro en las políticas de drogas.
Pese a la mano dura que quiere mostrar Iván Duque mostrando trofeos humanos de “narcocapturas” en la prensa gobiernista o a pesar de “los billones, de miles, de millones de dosis incautadas”, las cosas no le están saliendo bien y el caos reina en los campos y ciudades. Duque tampoco ha podido iniciar su cacareado plan de fumigaciones con el agrotoxico glifosato, porque no cumple con los protocolos establecidos. Los cientos de líderes sociales asesinados en contextos de narcotráfico son víctimas, en parte, de la incapacidad del gobierno por brindárseles seguridad a quienes se acogieron al programa de sustitución de cultivos ilícitos del proceso de paz. El nivel de corrupción de la fuerza pública por cuenta de la distribución y de venta de drogas en las ciudades ha alcanzado número históricos.
En las ciudades las cosas no pueden ir peor, el decreto populista e inconstitucional de Iván Duque para prohibir el porte y consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público, solo tuvo dos años de vigencia, pues la Corte Constitucional en 2019 y el Consejo de Estado en 2020 lo dejaron vigente pero inservible. No obstante, ese tiempo de implementación, fue suficiente para que sólo en Bogotá se impusieran alrededor de 200.000 órdenes de comparendo que terminaron siendo la matriz del conflicto entre jóvenes, comunidad y fuerza pública, a tal punto que se investiga que relación tuvieron estas órdenes ilegales de comparendo, con las protestas del 9 y 10 de septiembre del año 2020, donde fueron asesinados 13 jóvenes en Bogotá y 74 CAIs fueron vandalizados.
Pese a la resistencia histórica del Ministerio de Salud por innovar y actualizar su enfoque, así como de algunos gobiernos locales por radicalizar las estrategias del siglo pasado, Colombia tienen muy buenas bases en política pública (impulsadas por la academia y la sociedad civil) para avanzar a nivel local en temas como la reducción de daños, la participación de las personas consumidoras, la prevención basada en la educación y no el miedo, los tratamientos alternativos, las estrategias de consumo responsable, el uso de drogas ilegales para tratamientos de la salud física y mental, etc.
Si en los últimos 10 años se logró posicionar en Colombia el enfoque de reducción de daños, la categoría que más a va a avanzar en los próximos 10 años será la regulación de los mercados ilegales de drogas. La Reducción de daños, es decir la educación en el consumo de drogas, será la estrategia que nos permitirá convivir con menos daños en un mundo de drogas reguladas.
Así como el objetivo principal de las intervenciones en consumo de drogas ya no es la abstinencia sino la funcionalidad, en términos de seguridad el objetivo dejó de ser la prohibición y eliminación de las drogas, para buscar la convivencia en un mundo que nunca será libre de drogas.
Por tanto y dada la sumisión de Iván Duque a un enfoque de drogas en el cual no cree y teniendo en cuenta el nuevo enfoque que van a poner los Estados Unidos, la responsabilidad recae ahora en los mandatarios locales y en los técnicos, funcionarios públicos, contratistas y personas que ejecutan las políticas de drogas a nivel local, pues en ellos está el impulso para avanzar en acciones innovadoras desde la salud pública como a reducción de daños y desde la seguridad como los pactos de convivencia comunitarios en contextos de consumo de SPA. La participación de las personas consumidoras, la comunidad y la fuerza publica serán fundamentales para sacar estas iniciativas adelante.
Las acciones reformadoras de políticas de drogas, la mayoría de las veces, han venido desde lo local, impulsados por las organizaciones de la sociedad civil a nivel comunitario y territorial, las cuales que innovan de manera pragmática y participativa, para generar evidencia que luego los técnicos, políticos y por último funcionarios públicos implementan.
Estamos ante una oportunidad de oro que no hay que dejar pasar.
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