Antidroga designa a un fiscal para agilizar los embargos a narcos

El elegido ha sido Luis Uriarte Valiente, fiscal que ha luchado contra el tráfico de estupefacientes en Galicia y que actualmente ocupa una plaza en la Audiencia Nacional. Ha trabajado en una tesis doctoral sobre este asunto y ahora será el encargado de elaborar un protocolo que aglutine los mismos parámetros de actuación para toda la carrera. «Qué bienes vamos a poder decomisar y cuáles no, cómo lo vamos a hacer. Qué bienes vendemos y cuáles no. Al final cada uno estábamos interpretando la ley de una forma o haciéndolo de manera no unificada», explica a LA RAZÓN. El borrador está listo y el definitivo se espera en septiembre.

Cuando estalla una operación es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que depende del Ministerio de Justicia, la encargada de encontrar el patrimonio de los delincuentes. Los fiscales solicitan qué quieren embargar cautelarmente y este departamento lo guarda hasta que haya fallo firme y se decida lo que se queda en las arcas públicas o lo que se devuelve. «Tradicionalmente todo lo que se embargaba se conservaba hasta la sentencia. Esto ocasionaba unos problemas tremendos: costes para la administración porque había naves para conservar vehículos y, además, cuando llegábamos a la sentencia los bienes se habían deteriorado».

Así, lo que se quitaba al acusado tenía un valor mucho mayor cuando era detenido que cuando era condenado. «Para solventar este problema la idea es venderlo y convertirlo en dinero», dice Uriarte. En la página web de Justicia hay subastas de estos artículos de lo más variopintas. Desde barcos, BMW y motos de agua hasta relojes, caballos de carreras o DVDs. Uno de los asuntos sobre que ahora deben marcarse las directrices es las criptomonedas: «Qué hacemos lo vendemos ahora, lo convertimos en dinero y en el momento en el que se absuelven se lo devolvemos para que nos diga que esto ahora vale mucho más, o al revés lo conserva la Administración, especula y en el momento de dictar sentencia vale mucho menos», plantea el fiscal.

Lo cierto es que no hay un cómputo real y actualizado sobre cuánto se recauda por este tipo de delitos, pero desde el Ministerio Público aseguran que es uno de los que más ganancias genera al Estado. Todo lo decomisado va al Plan Nacional sobre Drogas que analiza las drogadicciones y organiza programas. En el último dato de 2020 se transfirió directamente a las Comunidades Autónomas para estos planes 9.519.400 euros. La petición de la fiscal jefa al departamento que dirigirá ahora Álvaro García Ortiz sobre crear una aplicación busca, precisamente, cuantificar en tiempo real todos estos trabajos, cuál es el éxito de la actuación de los fiscales, etc.

Asimismo, la idea de esta figura que encarna Uriarte pasa por impulsar el embargo de los bienes antes. “En materia de narcotráfico, por ejemplo, nunca encontramos la ganancia del delito porque si cogemos un barco con 1.000 kilos de cocaína, esa droga no ha producido ganancias. Pero, sin embargo, si encontramos que el narcotraficante tiene un patrimonio de varios millones de euros y no ha trabajado en su vida, entonces podemos presumir que viene del tráfico de droga”, señala. La intención es poner el decomiso en el centro para la recuperación de activos.

Ya desde 2015 España ha ido dando pasos en este sentido introduciendo en la legislación que se pueda bloquear el dinero a terceras personas que lo hayan adquirido del delincuente o que si éste no ha sido juzgado porque ha fallecido o se ha fugado, también se pueda decomisar. La Fiscalía Antidroga pretende, por tanto, centrar sus esfuerzos en que no haya agujeros por los que todas estas devoluciones patrimoniales se escapen.