UNAD defiende alternativas a la prisión para evitar agravar la exclusión de las personas con adicciones

Así lo ha destacado la red coincidiendo con el Día de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias, que se celebra cada 24 de septiembre, y tras la reciente reforma del artículo 234 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que reincidan en hurtos que no superan los 400 euros, hasta ahora considerados faltas o delitos leves castigados con multa.

Según el presidente de la entidad, Luciano Poyato, esta medida es “totalmente desproporcionada”. Poyato ha explicado que el perfil de quienes reinciden en este tipo de delitos tiene “bastante” relación con las adicciones y con la exclusión social. En este sentido, ha recordado que la mayoría de las personas presas en España han sido encarceladas por delitos relacionados con las drogas ilegales, como los delitos contra el patrimonio o los trapicheos menores con dichas sustancias.

Por su parte, la vicepresidenta de UNAD, Carmen Martínez, ha dicho que “nuestro sistema penal abusa de la prisión y es poco dado a usar otro tipo de respuestas penales más acordes con el objetivo de resocialización y más útiles para evitar que quien delinquió una vez, vuelva a hacerlo”.

“A diferencia de otros países de nuestro entorno cultural, aún no se han desarrollado en nuestra legislación penal respuestas comunitarias que incidan en las causas del delito tales como la Justicia Restaurativa o la ‘Probation’, esta última en una doble vertiente como pena autónoma y como período de prueba con condiciones antes de la sentencia”, ha explicado Martínez.

POLÍTICAS QUE INCIDAN EN LAS BRECHAS SOCIALES

Por otro lado, en lo que respecta al ámbito penitenciario, la red ha urgido a un mayor uso del régimen abierto y ha apostado por programas desarrollados en y con la comunidad.

“Y ello porque la red de atención a las adicciones defiende la prisión como una solución excepcional para los delitos más graves y aboga por reducir las desigualdades a través de políticas que incidan en las brechas sociales que están detrás de estos delitos”, ha apuntado la vicepresidente de UNAD.

Asimismo, desde la entidad han subrayado la necesidad de reforzar el papel del Tercer Sector como agente preventivo de la delincuencia y la reincidencia, especialmente cuando se trata de personas con drogodependencias.

Por último, la red ha recordado que España es uno de los países con mayores índices de encarcelamiento de Europa, a pesar del bajo número de delitos violentos contabilizados respecto a otros estados europeos. El 90% de las 55.000 personas privadas de libertad en España proceden de entornos de exclusión social; el 77% tienen problemas de drogodependencias y casi la mitad de la población reclusa padece problemas de salud mental.