El número de inscritos en el registro estatal de personas que piden que se les prohíba jugar creció en 2019 un 14,8%; las nuevas altas se dispararon un 44%, con un aumento del 63,2% en la franja de 18 a 25 años
El Consejo Empresarial del Juego, que aúna al 60% de este sector y, en especial, a las casas de apuestas físicas, quiere poder reabrir sus establecimientos «cuanto antes». Esta patronal exige al Gobierno «mayor claridad en la desescalada», pide que se les trate como a los locales de comercio y hostelería y reclama un trato «justo y objetivo» por su aportación al empleo y la economía.
«Nuestro principal objetivo es ser incluidos durante la desescalada en el sector de comercio y hostelería, debido a nuestras similitudes en cuanto a aforo y desarrollo de actividad en el interior. Además, para garantizar una vuelta a la normalidad segura y cuanto antes, necesitamos que el sector del juego sea tratado de un modo justo y objetivo, dejando de lado ideologías y enfrentamientos políticos, para apostar por la recuperación de un motor más de empleo y riqueza que tanta falta hace ahora mismo en España», indicó el director general de este lobby, Alejandro Landaluce, en una entrevista a la web especializada azarplus.
«En estos momentos estamos analizando la actual situación en función del plan de desescalada presentado ayer por el Gobierno, que como se informó se irá actualizando a medida que nos acerquemos a las distintas fases», señala Landaluce a eldiario.es en un correo electrónico.
El responsable de Cejuego apunta que, «como otro sector más que va a ir poco a poco reanudando su actividad, cumpliremos estrictamente las medidas que el Gobierno vaya aprobando sobre condiciones de higiene y limpieza así como limitación de aforos y estamos trabajando intensamente para que la vuelta a la actividad se realice en las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la salud de nuestros clientes y empleados».
«Estamos a la espera de nuevas especificaciones por parte del Gobierno, nos imaginamos que a través de Reales Decretos, en los que indiquen con mayor claridad la desescalada de nuestro sector», añade Landaluce.
La reapertura de estos establecimientos entra en los supuestos de la «cogobernanza» con las comunidades autónomas a la que apelaba la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar el proceso de desescalada que ha coordinado la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Los locales físicos de juego y apuestas no son una competencia estatal y no entran dentro de las atribuciones de juego que recaen en el Ministerio de Consumo. Pero mientras siga vigente el estado de alarma cuya prórroga aspira a lograr el Gobierno esta semana en el Congreso, el mando único hace que sea el ejecutivo central el que dicte cuándo abren estos locales, de forma que la vicepresidencia Cuarta coordina la desescalada y Sanidad emite las correspondientes órdenes.
Fuentes del Ministerio de Consumo señalan que «el plan de desescalada de los diferentes establecimientos no está clasificado en función de su caracterización como actividades económicas sino más bien en función de su capacidad para garantizar el distanciamiento social».
Según Consumo, «los lugares de juego no son actividades comerciales sino establecimientos de ocio y como tal se regulará su apertura en la desescalada», por lo que «lo más probable es que los salones de juego puedan abrir en función de su capacidad de aforo». En la denominada fase II podrán hacerlo, con limitaciones de aforo, «aquellos salones pequeños que puedan garantizar la distancia física en función de aforo, y en fase III, los grandes».
El coronavirus, la hibernación de la economía y el confinamiento de la población han puesto en una situación muy delicada al negocio del juego. Especialmente en la pata presencial, con un aluvión de ERTE en las empresas y algunas, como Codere, en una situación financiera todavía más delicada por el cierre completo de sus operaciones en salones físicos.
Un estudio del experto de cabecera del sector, José Antonio Gómez Yáñez, estimaba a mediados del mes pasado que, en el caso de que el estado de alarma se hubiera levantado el 26 de abril (finalmente, no ha sido así), el juego presencial en su conjunto (casinos, bingos, salones de juego y máquinas recreativas, así como los puntos de venta de SELAE y la ONCE) perdería 560 millones de facturación y 10.000 empleos directos, con una destrucción del 27% de sus ingresos, el 24% del empleo directo y del 31% del empleo indirecto en la hostelería de aquí a final de año.
El estudio pronosticaba que si la reapertura de los establecimientos fuese el 9 de mayo el retroceso a finales de 2020 alcanzaría el 31% de los ingresos y el 28% del empleo. Y, en el peor de los escenarios, si no hubiese opción de reabrir hasta el 30 de mayo, preveía una reducción de ingresos de las empresas del 35%, con una pérdida de empleo del 31%.
Con las casas de apuestas cerradas desde la declaración del estado de alarma, la pata online del sector también está sufriendo el efecto de la suspensión de las competiciones deportivas. El Gobierno decretó a finales de marzo la prohibición durante el estado de alarma de la publicidad del juego salvo en la franja de madrugada, al detectar un trasvase de jugadores a las modalidades del póquer y casino. La semana pasada, la patronal del juego online, Jdigital, aseguró que desde entonces sus ingresos han caído hasta un 80% y advirtió de un «preocupante» trasvase al juego ilegal del que Consumo dice no tener constancia.
Registro de interdicciones
La Dirección General del Juego todavía no ha difundido las estadísticas de juego online del primer trimestre, pero sí acaba de publicar su memoria anual de 2019. El documento refleja que, como informó eldiario.es en febrero, el año pasado se superaron por primera vez los 50.000 inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), una lista estatal a la que pueden apuntarse voluntariamente quienes quieran que se les vete el acceso a las apuestas online y la entrada a bingos, casinos y salas de juego.
En concreto, 2019 se cerró con la cifra récord de 50.287 personas inscritas en ese registro, lo que supone un aumento del 14,8%, sin precedentes hasta ahora. Durante el ejercicio se produjeron 9.143 nuevas altas en ese registro, otra cifra récord, un 44% superior a las 6.350 superior a la de 2018. Por edades, el 55,4% de las nuevas altas tenía entre 18 y 35 años. La franja de edad entre los 18 y los 25 es la que más creció el año pasado, con un aumento del 63,2%, hasta 2.046 personas.
El Ministerio de Consumo explicó en febrero que el aumento de las inscripciones en este registro «no se debe vincular directamente o asociar con un incremento de la ludopatía en España, ya que hay muchos otros factores que pueden influir en este incremento tales como el mayor conocimiento de esta herramienta o la utilización preventiva de la misma por parte de familiares».
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