Cientos de miles de personas afectadas en EEUU tras consumir una droga que debía usarse para enfermedades terminales

En la oficina de Chris Madeksho en Los Ángeles, el teléfono no dejar de sonar. Lleva semanas recibiendo más de mil llamadas de posibles afectados por OxyContin, un potente analgésico al que se le señala como uno los principales responsables de la grave crisis de opioides que ya ha dejado más de 450.000 muertes en Estados Unidos desde 1999, y que le cuesta más de 78 mil millones de dólares al año a las arcas del país, según estimaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU.

«Hay cientos de miles de casos de personas afectadas por haber consumido una droga que inicialmente debía usarse para enfermedades terminales», asegura el letrado en entrevista con Público. «Hemos recibido llamadas de padres cuyos hijos pequeños han sufrido una sobredosis porque encuentran el medicamento en el armario de las medicinas, se lo prescriben o lo consumen de manera recreativa sin saber lo altamente adictivo que es».

El fabricante de OxyContin (cuyo nombre genérico es oxicodona) es Purdue Pharma, una farmacéutica en manos de la familia Sackler, que ha tratado de blindarse económicamente ante la avalancha de querellas judiciales que se le ha venido encima para proteger una fortuna que, según medios estadounidenses, asciende a miles de millones de dólares (el equivalente a más de un billón de dólares en EEUU). Recurriendo a una de las herramientas que ofrecen sociedades capitalistas como EEUU, en septiembre de 2019 Purdue Pharma se acogió a las protecciones que ofrece el llamado «Capítulo 11» y se declaró en bancarrota.

Madeksho explica que las miles de querellas presentadas de costa a costa contra la farmacéutica se están canalizando a través del juez Robert Drain, que supervisa el proceso de bancarrota desde una sala judicial en White Plains (NY).

«Se ha creado un fondo económico con más de 10 mil millones de dólares (el equivalente a más de diez billones de dólares en EEUU) que se dividirá entre los individuos y los municipios afectados», afirma el abogado. «Una vez que concluya el plazo para presentar una denuncia (31 de julio de 2020), se ven cuántos afectados hay y se asigna un porcentaje del fondo en función del tipo de lesión y de la situación».

No es la primera vez que Purdue Pharma está en el punto de mira del público y de las autoridades federales. En un comunicado emitido por el Fiscal General de EEUU en mayo de 2007, la farmacéutica accedió a pagar una multa de 635 millones de dólares y su cúpula directiva se declaró culpable de haber ocultado y mentido sobre el elevado riesgo de adicción de OxyContin ––una información que también ocultó a sus representantes de ventas––.

Las compañías farmacéuticas llevan décadas extendiendo sus tentáculos por hospitales y centros médicos del país y seduciendo al personal sanitario con suculentos regalos y sumas monetarias a cambio de que éstos receten sus medicamentos y se conviertan en embajadores de sus marcas. En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia de EEUU anunció una condena de tres años de libertad condicional para Heather Alfonso. La enfermera, originaria de Carolina del sur, se había convertido en la mayor prescriptora en Connecticut de Subsys, un spray de fentanilo indicado para pacientes con cáncer producido por Insys Therapeutics.

Las investigaciones federales confirmaron que, entre enero de 2013 y marzo de 2015, Alfonso se embolsó más de 80.000 dólares por participar en 70 cenas camufladas como «charlas» donde la compañía animaba a los asistentes a recetar Subsys en vez de otros analgésicos más adecuados para determinados tipos de dolor.

«Las farmacéuticas organizan charlas, vacaciones, te invitan a conocer más detalles de sus productos, se gastan cientos de millones de dólares al año en ventas para convencer al personal médico de que cambie su patrón de prescripciones», asegura en entrevista con Público Ricky Bluthenthal, catedrático del departamento de medicina preventiva de la Universidad del sur de California (USC) en Los Ángeles.

Aún así, el experto aclara que casos como el de Alfonso suponen un porcentaje pequeño del gremio y denuncia el juego a dos bandas de las farmacéuticas, que invierten grandes sumas de dinero en anunciar sus productos en televisión para que, ya en la consulta, sean los pacientes quienes le pidan la receta al médico.

«El problema que tenemos con el sistema de salud privado en EEUU es que está diseñado para generarle dinero a las compañías, no para cuidar de la salud de los pacientes», afirma. «Y por eso la crisis de opioides ha sido tan devastadora, porque utiliza nuestro sistema sanitario y el sistema de seguros para distribuir una droga que es muy peligrosa. Ni se ahorra dinero, ni se crea eficiencia, ni se mejora la salud: Es un completo desastre».

A pesar del papel protagonista de las farmacéuticas, el experto advierte que otros factores también confluyeron para que la crisis de opioides en EEUU estallara a finales de la década de los noventa. Con la llegada de medicamentos más potentes y más duraderos para tratar el dolor, comenzó una oleada de prescripciones que facilitó el acceso de la población a opioides que generan una gran dependencia física. «Somos un país de 300 millones de habitantes y en un momento determinado había más de 200 millones de prescripciones de opioides», señala Bluthenthal.

Al acabar el tratamiento médico, algunos pacientes que desarrollan dependencia física a un opioide recetado, recurren al mercado negro y se enganchan a drogas ilegales como la heroína, cuyo consumo compite ahora con la droga de moda en EEUU y Canadá: El fentanilo.

Según el CDC, la prescripción de fentanilo (una droga sintética entre 50 y 100 veces más potente que la morfina) debería limitarse a pacientes en fase avanzada de cáncer que presentan fuertes dolores. Pero los consumidores que no consiguen una receta, encuentran su modalidad ilegal en el mercado negro, donde el fentanilo tiende a mezclarse con heroína, cocaína o ambas drogas. También hay quienes consumen fentanilo con metanfetaminas en una combinación que suele resultar letal y que, en Los Ángeles, parece haberse popularizado entre la gigantesca comunidad de indigentes que malviven en tiendas de campaña en el barrio de Skid Row.

«El fentanilo es más potente, es más fácil traficar con él y se necesitan dosis más bajas para generar la misma sensación que con la heroína. Por ello, para un narcotraficante, es un mejor producto», asegura Bluthenthal. «El problema es que la dependencia física al fentanilo es tan elevada que aumenta el número de veces que uno necesita usar opioides. Y ahora en EEUU y Canadá tenemos una crisis de fentanilo que no creo que se vea en ningún otro país del mundo».

El desembarco del fentanilo en Norteamérica y la pandemia nacional de opioides en EEUU no solo han catapultado el riesgo de sobredosis. También han extendido el uso de las jeringuillas, lo que a su vez aumenta el riesgo de contraer VIH, Hepatitis C y de desarrollar infecciones de la piel y de los tejidos subcutáneos.

«Ahora estamos viendo casos de VIH en lugares como Boston, donde nunca antes se había visto», asegura el catedrático. «Y con la covid-19, se prevé que el consumo de opioides se dispare aún más. No hay ningún indicador que me lleve a ser optimista ante la crisis de opioides”.

Fuente: Público