Opinión: La marihuana del pueblo

Desde su fundación, Podemos siempre ha respaldado la legalización del consumo de marihuana, cuyos beneficios terapéuticos están más que contrastados y avalados por la comunidad científica, aunque de lo que trata es de ir más allá. Pablo Iglesias, no obstante, confesó a este diario que cada vez que aborda el tema con el presidente Pedro Sánchez, el líder del PSOE «se ríe». Es comprensible; plantear la legalización de una droga como industria alternativa con ese entorno nacionalcatólico y conservador que tiene en la oposición podría parecer un chiste de mal gusto en estos momentos; imaginen a Santiago Abascal acusando al Gobierno de querer drogar a los españoles para manejarlos a su antojo. O de cosas peores, quién sabe.

Dejando al margen dramatizaciones (o no) de un hipotético escenario de debate racional parlamentario sobre la legalización del cannabis, conviene poner los hechos sobre la mesa se algo que, tarde o temprano, habrá de abordarse en España, como se lleva haciendo hace años en otros países, en unos con más éxito que en otros. No debería ser una cuestión ideológica si nos moviéramos solo en parámetros científicos y democráticos para hacerle frente, sin oscuros intereses por el medio, incluidos los religiosos, ya que el Vaticano siempre se ha mostrado en contra de la legalización de la marihuana y otras drogas, supongo que en un intento de que su «opio» continúe con el monopolio legal que tan rentable le resulta. Y por ahí parece que España sigue pinchando en hueso de santo, como en tantas otros asuntos que afectan a los derechos y libertades.

No obstante, e insistiendo en esa racionalidad que se le tendría que presuponer a la clase política a la hora de abordar la ampliación de los derechos y, además, hacer frente a la renovación de un modelo productivo en decadencia y seria crisis como el español, bastaría con poner encima de la mesa algunos de los ejemplos de mayor éxito con la legalización del cannabis para fines medicinales y recreativos, el tipo de consumo que genera más controversia.

Porque las normas de legalización no tienen el mismo alcance en todos los países que le han dado luz verde (sic) ni logra los mismos efectos en todos ellos, aunque sí consigue una clara victoria sobre aquellos estados que se niegan a entrar en el debate y hacen la vista gorda frente a un consumo evidente, sin evitar por ello los problemas de seguridad y criminalidad que conlleva su tráfico a gran escala. En España, sin ir más lejos, las autoridades reconocen que el consumo de marihuana está fuera de control, con una clara incidencia en los jóvenes y un negocio redondo para el narco. Las injusticias que se cometen contra quienes distribuyen cannabis con fines terapéuticos para sobrellevar enfermedades crónicas y dolorosas y son condenados por ello son, asimismo, otro de los motivos para poner orden en un consumo que puede pasar de ser una debilidad del Estado a una fortaleza.

El consumo de cannabis en Canadá, un país muy del gusto de la derecha liberal (o que se dice así), está regulado desde 2018 y controlado por el departamento nacional de Salud, aunque algunas competencias sobre licencias están descentralizadas en las provincias. Es una industria reciente de éxito, pero a la que todavía le queda perfeccionarse para no morir de él, por ejemplo, con una merma de la calidad del producto. Según la empresa Arcview Group, se espera que las ventas de cannabis en Canadá alcancen los 4.000 millones de euros en 2024. Asimismo, el Gobierno canadiense comunicó que en los primeros seis meses de legalización de la marihuana, Ejecutivo y provincias recaudaron 139 millones de dólares en impuestos.

Juan Ruiz, profesor de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) y miembro del colectivo por nuevas políticas económicas La paradoja de Kaldor, puso cifras a una futura industria cannábica en España en un exhaustivo artículo de CTXT, que debería ser tenido en cuenta sin remilgos ni filtros subjetivos: «El uso lúdico de esta sustancia podría reportar a las arcas públicas españolas entre 1.900 y 2.300 millones de euros y alcanzar los 3.700 en el quinto año tras su despenalización«.

La primera ministra de Nueva Zelanda ya ha planteado un proyecto de despenalización del consumo de marihuana que será sometido a referéndum vinculante en los próximos meses, crisis pandémica mediante. Unidas Podemos trabaja asimismo en una propuesta de legalización del cannabis para presentar a su socio socialista de Gobierno. Una negativa ya no se entendería en un momento como éste, además, con una población muy favorable a la legalización. La callada por respuesta, tampoco.