NOTICIAS: 20.03.2021
La Fiscalía de Pontevedra concluye su escrito de acusación por la operación Clavao, que en octubre del 2018 permitió descabezar los cuatro principales clanes del poblado
Pontevedra – La operación Clavao, la investigación de la Guardia Civil que derivó en una redada en O Vao en octubre del 2018, no solo permitió descabezar los cuatro principales clanes del poblado, sino que sirvió de confirmación de un secreto a voces, el que aludía a que el tráfico de drogas en el asentamiento marginal era cosa de mujeres. Así, de hecho, lo sostiene la Fiscalía de Pontevedra, que recientemente ha concluido un escrito de acusación que se dirige contra una veintena de personas, entre las que se encontrarían las cabecillas de estos clanes: María de los Ángeles S. J., del clan de Los Familiares; María Dolores G. G., del clan de la Coneja, apodo por el que es conocida; Julia J. J., la Joaquina; y María Magdalena Salazar Suárez, del clan que lleva su sobrenombre, la Magdalena.
De este modo, y según trascendió, el ministerio público mantiene que todas ellas han llevado a cabo las supuestas actividades ilícitas «de modo sostenido y estructurado, integrando sus labores personales conforme a sus lazos familiares». Y todas ellas concertadas para el mismo objetivo.
La estructura de la que disponían, presumiblemente, era suficiente para atender las necesidades diarias de los toxicómanos que, en decenas, acudían a este asentamiento marginal de Poio. Tal y como desveló La Voz en enero del 2019, una agenda intervenida en la redada confirmó a los investigadores cómo los cuatro clanes se repartían las semanas de cada mes.
Este documento, al parecer, se localizó en la chabola del hijo y la nuera de María Magdalena y en el mismo, según el juez instructor, «se encuentran marcados los turnos de venta durante todo el año, esto es, los períodos de tiempo en los que corresponde al clan de la Magdalena, al que pertenece la investigada considerándose por la investigación la líder del mismo».
De cualquier forma, esta manera de proceder ya había sido confirmada por el exjefe de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González Veiga, al reseñar que «solo trabajaba un clan por semana», período en el que «los otros tres se mantenían inactivos».
Prueba de esta complicidad es, a juicio del instituto armado y la Fiscalía, el hecho de que las dosis tuviesen la misma presentación independientemente del clan que las suministrase a los clientes. En muchas ocasiones, estos, además, tenían que consumir los estupefacientes en infraviviendas que habían sido preparadas para esta función. Con este proceder, según confirmaron agentes de la Guardia Civil, buscan dificultar las investigaciones impidiendo que los drogodependientes fuesen interceptados saliendo del poblado con la droga que habían adquirido minutos antes.
Los aguadores
Los clanes, además, estaban perfectamente organizados y, supuestamente, disponían de personas apostadas en los accesos al asentamiento cuyo único cometido seria el de dar la voz de alarma en el caso de que se detectase la presencia de agentes. Son los conocidos como aguadores, un término heredado de cuando se gritaba «agua» al vaciar por las ventanas de las casas los orinales llenos de heces y orines, y que, hoy en día, se emplea para alertar de la presencia policial.
«No es fácil penetrar en zonas tan difíciles para nosotros, tan marginales, donde nuestra presencia, tanto uniformada como de paisano, es fácilmente detectable», confirmaba al respecto González Veiga.
Por aquel entonces se conocía que en el operativo, además de los arrestos, se procedió al decomiso de unas 2.500 dosis de droga -veinte mil de coca y aproximadamente quinientas de heroína-, así como toda clase de útiles presumiblemente empleados para la distribución de los estupefacientes, veinte mil euros en efectivo, y trece vehículos, pero también se decomisaron machetes, videoconsolas o 179 décimos de Lotería Nacional.
Se espera que el juicio se pueda celebrar antes de que finalice el año en la Audiencia
Si no se produce ninguna contingencia de última hora, y una vez presentado el escrito de acusación de la Fiscalía de Pontevedra, la Audiencia Provincial de Pontevedra tendría que celebrar este juicio a lo largo de los próximos meses, previsiblemente, antes de que finalice el año. Así, lo confirmaron las distintas fuente judiciales consultadas, que matizaron que las demoras pueden venir ahora del número de abogados defensores a los que se tenga que hacer llegar el escrito del fiscal para que respondan en consecuencia.
El ministerio público acusa a la veintena de procesados en la operación Clavao de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y un segundo cargo de organización criminal. De este modo, las mayores peticiones de cárcel, ocho años de prisión y multa, recaen sobre las consideradas como las cabecillas de estos cuatro clanes -María de los Ángeles S. J.; María Dolores G. G., la Coneja; Julia J. J., la Joaquina; y María Magdalena Salazar Suárez, la Magdalena-, pero también sobre los que la Guardia Civil señala como sus colaboradores más inmediatos, sus, por así decirlo, manos derecha. Las fuentes consultadas reseñaron el caso concreto de uno de ellos al que relacionan con el clan de Los Familiares, Manuel S. J., Lolo, quien se expone a la multa más elevada, cien mil euro, toda vez que fue arrestado, al parecer, con la partida de droga más cuantiosa: doscientos gramos de coca y unos treinta de heroína.
En cuanto al resto de acusados que está previsto que se sienten en el banquillo de la Audiencia, la petición del fiscal es de siete años y multas.
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