0202/10/2020: NOTICIAS.
A finales de junio, una empresa colombiana de cannabis realiza una oferta por una pyme cultivadora de rosas de una pequeña localidad de Soria, que se encuentra en concurso de acreedores y a punto de despedir a sus 270 empleados. En las mismas fechas, el Gobierno de coalición aprueba una nueva licencia para producir y exportar cannabis a una empresa británica que producirá en Alicante. En abril, en medio de la pandemia, el Parlamento del Líbano, uno de los países con mayor deuda pública del planeta, aprueba la legalización del cannabis para uso medicinal con la intención de que sea un nuevo motor para su economía. En mayo, el Estado de Colorado bate su propio récord de ventas: desde inicio de año ha facturado 770 millones de dólares que han reportado a las arcas públicas 167 millones, en lo que las autoridades han denominado “un revulsivo contra la recesión de la Covid”. Italia legalizó a finales del año pasado la venta de cannabis “light”, aquel que contiene un máximo de 0,5 de tetrahidrocannabinol (THC), su principal sustancia psicoactiva. Países como Uruguay o Colombia se sirven de sus buenas temperaturas y tierras para asaltar el mundo de la exportación de cannabis medicinal y Cannabidiol (CBD), el compuesto usado para calmar dolores y otros fines terapéuticos, alimenticios o cosméticos, con la ayuda de grandes capitales que vienen de Estados Unidos y Canadá. En este último, tan solo dos años después de la legalización, sus ya multinacionales de la marihuana se han convertido en los big players de la industria mundial. Tienen sus tentáculos en todo país con previsiones de legalizar alguno de sus usos en el corto plazo, incluida España. En las bolsas de Nueva York y Canadá ya cotizan más de 200 empresas relacionadas con el cannabis con un valor bursátil de más de 70.000 millones de dólares. Ya son 44 los países que tienen algún tipo de regulación en torno a la planta.
La carrera de esta nueva industria, o mejor dicho de una industria que está saliendo del lado oscuro, ha cogido una velocidad de vértigo en los dos últimos años. El panorama mundial está mutando del narco con sicarios a la multinacional con fondos de inversión, de la plantación en lugares escondidos a las granjas con medidas fitosanitarias, de alimentar las cuentas bancarias de mafias a generar ingresos públicos, del camello en la oscuridad de un parque al dispensario con escaparate, del porrito para colocarse a un catálogo sin fin de aceites, cosméticos, fármacos, bebidas y, por supuesto, una enorme variedad de tipos de marihuana para consumo medicinal o recreativo.
En España hay conocimiento, genética, somos creadores de todas las genéticas de CBD que se usan en el mundo”, Hugo Madera del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis
España parece quedarse atrás, pero, en realidad, lo que se queda rezagada es su legislación. “Aquí se cultiva desde mediados del siglo pasado”, explica Hugo Madera, del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), que defiende esta cultura y saca pecho del conocimiento que se ha desarrollado en las últimas décadas: “Hay conocimiento, genética, somos creadores de todas las genéticas de CBD que se usan en el mundo: las de Israel, las de farmacias de Uruguay o Canadá salieron de aquí”. Es la paradoja de una gran industria que está ahí, pero que no está regulada, en palabras de Constanza Sánchez Avilés, directora de Derecho, Política y Derechos Humanos del International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service (ICEERS). “Existe un movimiento social y un movimiento cada vez más sólido de pacientes organizados y sus familiares que usan cannabis con fines terapéuticos. Han creado diversas organizaciones y tiene planteamientos bastante sólidos y avanzados, y tenemos también las realidades de los clubes —defiende— y luego, por otro lado, la realidad de las grandes empresas que han conseguido los permisos para producir y exportar”.
Ese movimiento existe, defienden los dos, y además está aceptada socialmente. El CIS les da la razón. La única vez que la encuesta ha preguntado, a finales de 2018, descubría que el 84% de la población está a favor de la legalización del cannabis con fines terapéuticos y casi la mitad, el 47%, lo regularía en todos sus casos, incluido el uso recreativo. “Hay una batalla cultural”, afirma Jorge Moruno, diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid que recientemente ha presentado una Proposición No de Ley para que la Asamblea inste al Congreso a debatir la regulación integral. Moruno señala que “tenemos que ser capaces de convencer de que se debe regular a un montón de gente que actualmente no cree que está interesada en ello, personas que no sean usuarias del cannabis pero que puedan ver un interés y unas ventajas”.
Las ventajas de la regularización frente a la ilegalidad a las que se refiere Moruno son muchas. “El prohibicionismo solo empuja a la ilegalidad, al consumo de menores, a que los ingresos se los quede el mercado negro”, enumera el diputado, que defiende que en Canadá y en los Estados norteamericanos donde se ha regulado, el consumo entre menores se ha reducido al anular en gran medida el mercado negro y sustituirlo por uno regulado y bajo estrictos controles.
REMEDIO TAMBIÉN CONTRA LA CRISIS
Pero en el contexto de la nueva crisis originada por la covid-19 y ante la falta de recursos económicos y creación de empleo, no se puede obviar la repercusión económica que podría tener plantar cáñamo de forma legal. “En 2008, nosotros ya defendíamos que la regulación era una salida a la crisis”, afirma Fermín Les, portavoz de la organización Representación Cannábica de Navarra (RCN). Les lamenta que esta nueva crisis sea de salud pública, “algo que nos toca bastante”, y cree que “la gente tendría que pensar que si todo el dinero que se ha utilizado en la guerra contra las drogas, cifras que el Estado no quiere dar, se hubiera gastado en salud pública, ahora tendríamos equipos de protección individual y todo lo que nos hiciera falta”. Desde RCN, calculan que, si se desarrollase una legislación completa como la de Canadá, se podrían recaudar unos 6.000 millones de impuestos anuales en España.
Desde Representación Cannábica de Navarra calculan que si se desarrollase una legislación completa como la de Canadá, se podrían recaudar unos 6.000 millones de impuestos anuales en España
Moruno cita una comparativa con el estado de Colorado, que ha ingresado unos mil millones de dólares desde que legalizara el cannabis en 2014. “Haciendo las estimaciones comparadas, estaríamos hablando de la creación de 90.000 empleos para el año 2030 y de unos ingresos vía impuestos que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 millones al año, a lo que habría que sumar el ahorro en el coste policial y judicial”, resume este diputado. Estados Unidos creó solo en 2018 64.000 empleos a tiempo completo, que acabaron sumando 211.000 al cierre de dicho año. Además, el diputado señala otro factor: “El salario medio de esta industria en EE UU es un 11% superior a los salarios medios del país”.
El portavoz de RCN señala otro factor, la fuga de cerebros. Al no existir regulación, pero sí un gran conocimiento en cultivo y genética, “otros países vienen aquí y se llevan a los técnicos —lamenta Les—, vienen empresas chilenas, argentinas, colombianas… vas a un laboratorio o empresa de Uruguay o Canadá y siempre te encuentras a algún español”.
¿QUÉ MODELO?
Todas las fuentes consultadas para este reportaje pronuncian la misma alarma y queja: mientras se persigue a los autocultivadores y a las asociaciones, las grandes multinacionales están copando el mercado y consiguiendo licencias, de una manera bastante opaca, por parte del Gobierno. “No se puede hacer una regulación para que ganen solo cuatro ‘farmas’ y eso es lo que se pretende actualmente”, resume Madera.
Coinciden en que España está preparada para una regulación integral, aquella que legaliza todos sus usos, incluido el recreativo. Aunque difieren en el modo de hacerlo y en cuáles serían los primeros pasos en caso de que no se pudiera avanzar hacia la integral en un primer momento. “En España funcionaría una legislación que se basara en lo que ya existe”, explica Sánchez Avilés en relación al sector de los clubes y asociaciones, un modelo ya regulado en algunas comunidades autónomas y en el que se están fijando otros países para exportarlo. “Es un modelo ni totalmente capitalista ni totalmente estatal, muy basado en la autogestión de los usuarios, del que se podría partir para hacer una suerte de modelo mixto que podría conducir a otro de cooperativas y más social”, argumenta. En la misma línea, Moruno alerta de que hay que evitar que se creen monopolios y se debe incentivar la creación de cooperativas, porque “hay que evitar que vengan esos grandes capitales, evitar la financiarización del cannabis”.
“Hay que evitar que se creen monopolios y se debe incentivar la creación de cooperativas, porque hay que evitar que vengan esos grandes capitales, evitar la financiarización del cannabis”, Jorge Moruno
El portavoz de OECCC coincide, pero señala un primer paso: “Quitar las multas, reforma de la Ley Mordaza y regulación de autocultivo, tanto individual como cuando un grupo de gente se junta para ello como el caso de los clubes”. Insiste sobre la entrada de grandes empresas en el mercado y propone que “primero las personas, después los derechos y luego el beneficio, porque si hacemos lo contrario al final solo habrá dinero para accionistas de unas pocas multinacionales”. Pero Madera también matiza que si se va a empezar por la regulación del cannabis para uso medicinal, desde su organización también proponen “un sistema de tres vías como el que existe en Colombia”, donde se permite el autocultivo para fines terapéuticos, una regulación para promover las pequeñas cooperativas y luego una concesión de licencias totalmente transparente y justa, “no como ocurre en España donde se oculta el proceso y las concesiones se realizan por ‘entrevistas’. En una democracia no se pueden repartir las licencias de esta manera y con esta opacidad”, lamenta. “Es un sistema más parecido a un país como Marruecos y no es digno de una país europeo”, añade Les.
UN MUNDO RURAL CANNÁBICO CONTRA LA ESPAÑA VACIADA
No hace falta explicar las precarias condiciones laborales en la agricultura y la despoblación que sufren las zonas rurales. Una situación que puede empeorar por la crisis tras la covid-19 y los recortes que van a sufrir los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC) para alimentar el paquete de ayudas para la reconstrucción.
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