ENTREVISTA: Carmen Martínez, jueza

NADRID. En las prisiones gestionadas por el Estado español se encuentran actualmente más de 46.000 personas. En una proporción importante de todos estos casos, las drogas se encuentran detrás de la privación de la libertad, bien sea por su consumo o su tráfico. Carmen Martínez entiende bien las múltiples realidades que subyacen en estas situaciones. Desde su posición como jueza y vicepresidenta de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, conoce todos los factores que entran en juego, repasa la relación entre el ámbito penal y el de las personas con adicciones.

¿Hasta qué punto incide el ámbito penal en la persona que consume sustancias?

 Esta es una cuestión muy importante. Se da la circunstancia de que aproximadamente el 77% de las personas presas en España tienen problemas de drogodependencias que, sin duda, han influido en el delito. De forma selectiva, nuestro sistema penal persigue y castiga muy duramente a este tipo de delincuencia que acude al delito a causa de su adicción, sobre todo realizan pequeños trapicheos con drogas o delitos contra el patrimonio (robos y hurtos) como modo de financiación de sus consumos. Y esto sucede desde la década de los 90 del siglo pasado. Si lo que pretendemos es que la persona no vuelva a delinquir y sabemos que el consumo abusivo de drogas le ha influido para cometer el delito, deberíamos abordar adecuadamente la adicción que está en la raíz de su conducta. Y, pese a las mejoras del sistema penitenciario y la humanización de las prisiones, sabemos que la cárcel no es un lugar acogedor, ni un espacio para la mejora personal, sino que daña profundamente a quien la padece.

 Entonces, ¿cómo repercute la estancia en prisión en estos casos?

No es un entorno terapéutico y, por tanto, no es apropiada para llevar a cabo tratamientos exitosos de deshabituación e incorporación social de estas personas. Por el contrario, la prisión, como espacio de encierro sumamente jerarquizado, angustioso y aislado de la sociedad, en el que imperan la ley del más fuerte y los modos violentos, es un lugar que no favorece la toma de decisiones libres, fundamental para el éxito de un tratamiento de adicciones, y conduce a que, quienes la sufren, se sientan víctimas en lugar de favorecer los procesos de responsabilización. Habitualmente nos encontramos con situaciones en las que las personas ven interrumpidos sus procesos terapéuticos para ingresar en prisión, lo que supone un gran retroceso en su recuperación.

 ¿Cómo ha evolucionado la consideración penal del consumo de drogas en los últimos años?

La persecución y la criminalización de las personas consumidoras de drogas es una realidad. El consumo de drogas en sí no está penalizado, aunque sí castigado. Llevar drogas para autoconsumo o consumir drogas en lugares públicos conlleva elevadas multas. Más allá de esto, el sistema policial y penal persiguen con especial ahínco los delitos más cometidos por estas mismas personas, como pequeños trapicheos con drogas, robos y hurto. En las últimas décadas, pese a que socialmente se entiende que las personas con problemas de drogodependencias padecen un problema de índole sociosanitario que requiere de un tratamiento terapéutico especializado, la legislación penal se esmera en endurecer los castigos asociados a las mismas. El último ejemplo lo tenemos en la reciente reforma del código penal dirigida a castigar con prisión pequeños hurtos antes castigados con multa, cometidos fundamentalmente en establecimientos comerciales. Por otro lado, la legislación penal española está muy lejos de las de otros países de nuestro entorno cultural, que ofrecen un amplio sistema de alternativas al encarcelamiento que favorecen la recuperación y, por tanto, evitan la reincidencia y contribuyen a la paz social.

¿Hacia dónde cree que debería encaminarse este tratamiento penal de las adicciones?

Tal como venimos reclamando desde UNAD, lo ideal es que la prisión sea el último recurso al que se acude en estos casos. Habría que reservarla solo para los casos más graves y priorizar los abordajes integrales de las drogodependencias desde los recursos sociosanitarios de la comunidad con la supervisión que se estime necesaria. Esto no es posible en todos los casos hoy en día. Por eso proponemos a nuestro legislador que implante la Justicia Restaurativa y alternativas a la prisión como la Probation que ya se usan prácticamente en toda la Europa occidental y en el mundo anglosajón.

 ¿De qué manera condiciona la estancia en prisión al hecho de abordar una adicción?

La persona con adicciones dentro de prisión no solo verá dificultado su proceso terapéutico, sino que vivirá el encarcelamiento en una situación de mayor vulnerabilidad, marcada por su necesidad de consumo y sometida a quien puede proporcionar la sustancia. Por estos motivos, si la prisión daña a cualquier persona que la vive, daña aún más a quien padece problemas de drogodependencias, que generalmente, además, proviene de entornos de exclusión social.

 ¿Cuál es el papel de las entidades de adicciones dentro de las prisiones?

Las entidades de adicciones fuimos pioneras en tratar las drogodependencias cuando aún en este país no existía una respuesta pública desde el ámbito sociosanitario. Las administraciones fueron dando respuesta a ese fenómeno social gracias a nuestro empuje y aún hoy seguimos trabajando conjuntamente con las distintas administraciones. En el ámbito penitenciario llevamos décadas interviniendo e impulsando mejoras y desarrollamos una importante labor de enlace de la persona presa con el exterior, de vínculo con la comunidad y con la familia, rompiendo las dinámicas de relación insana que se dan en las cárceles basadas en la jerarquía. Además, ofrecemos un apoyo a la administración penitenciaria en el abordaje terapéutico de las adicciones desde recursos especializados y normalizados.

Si tuviera que elegir una sola reivindicación para una fecha como el Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, ¿cuál sería?

Que la sociedad entienda que la prisión no es la única respuesta penal posible, que es una pena muy gravosa que debe reservarse para casos verdaderamente graves y que debemos dotarnos de un sistema penal y penitenciario más moderno que permita abordar los problemas de adicciones desde la comunidad, de manera que las penas comunitarias y el régimen abierto se conviertan en la regla general y no en la excepción.