Más cerca de regular el cannabis medicinal: el Congreso tiene seis meses para elevar una propuesta al Gobierno

Empieza la cuenta atrás. El Congreso tiene un plazo de seis meses a partir de este jueves para acordar y aprobar un informe que, si todo marcha como se prevé, acabará convirtiéndose en una regulación del uso del cannabis con fines terapéuticos.

Cuatro meses y cuatro días después de aprobarse –las cosas de palacio van despacio–, este jueves se ha constituido en la Cámara Baja la Subcomisión para analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal que propuso el PNV. Esta subcomisión, una versión reducida de la Comisión de Sanidad del Congreso, «analizará las experiencias promovidas por distintos Gobiernos que tienen en marcha programas de uso médico de cannabis y escuchará a cuantos agentes y personas expertas se considere oportuno», según se lee en la propuesta que realizaron en su momento los nacionalistas vascos.

El objetivo último de la subcomisión es realizar «un informe de comparativa internacional sobre la evidencia científica existentes, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y resultados de las experiencias analizadas (…). Dicho informe será remitido al Gobierno para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el estado español (…), dotando así a las y los pacientes del Estado de los mismos derechos y garantías que ya disfrutan miles de pacientes en otros países del entorno».

El cannabis tiene varios usos médicos contrastados por la investigación científica. «Sabemos que los cannabinoides funcionan muy bien para tratar determinada sintomatología, por ejemplo dolor, y específicamente cuadros de dolor que no responden a tratamientos convencionales. Funcionan como antieméticos, como antiepilépticos, en patologías gastrointestinales como potentes antiinflamatorios. Estas son las patologías que están contrastadas clínicamente. Aparte de eso, en fase preclínica (hasta modelos animales) sabemos que puede tener otras aplicaciones muy interesantes, como la oncología», explicaba en una entrevista con este diario la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid Cristina Sánchez. También otras cuestiones quizá menos concretas, pero que «ayudan a la calidad de vida del paciente atacando el dolor, la ansiedad, mejorando el sueño y en algunos casos, como la epilepsia, disminuyendo convulsiones». No funcionan siempre y a todo el mundo, aclara Sánchez, pero el coste de probarlas se limita al poco dinero que cuesta el tratamiento [un gramo de marihuana cuesta en el mercado negro unos 7 euros, según la variedad].

El cambio fundamental en el PSOE

Las perspectivas para esta subcomisión son positivas, si se entiende como positivo que el resultado final sea una regulación del cannabis terapéutico. La legalización medicinal cuenta hace tiempo con el apoyo de la mayoría de los partidos pequeños del Congreso y de Unidas Podemos; contando con el «no» inicial de PP y Vox, solo la hasta ahora negativa del PSOE se interponía en una regulación. Entendían los socialistas que no existía evidencia científica suficiente para avalar el uso del cannabis pese a los muchos programas en diversos países, tan variados como Francia, Israel, EEUU, Canadá, Uruguay, Alemania o Italia. Pero la ONU cambió de parecer el año pasado, sacó el cannabis de su lista de drogas más fiscalizadas y peligrosas sesenta años después y el partido ha cambiado su parecer, incluyó la cuestión en su 39º Congreso y aparece también en la ponencia del 40º Congreso, que se celebra este fin de semana en Valencia.

«Promoveremos la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España a través del SNS [Sistema Nacional de Salud] y con prescripción médica. Recientemente, los organismos internacionales han avalado los usos medicinales y terapéuticos del cannabis al bajar su catalogación dentro de los estupefacientes. La evidencia científica ha dado pasos adelante, con una valoración positiva de posibles usos beneficiosos en algunas enfermedades crónicas. A su vez, diversos países de la UE han aprobado el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Los y las socialistas valoraremos los distintos marcos establecidos en Portugal, Francia y Alemania, entre otros países, para implantar el uso del cannabis medicinal en nuestro país», se lee en el punto 1.077.

La idea de la subcomisión es aprobar el informe por unanimidad, pero fuentes de la misma dan por descontada la negativa de Vox. Con el PP, instalado en principio en la negativa, hay espacio para la duda, sin embargo. «Queda mucho tiempo», abre la puerta un diputado. En cualquier caso, si no es por unanimidad será por mayoría y se elevará el informe al Gobierno para que legisle a partir de él. El texto llegará al Ejecutivo en forma de mandato, aunque no de obligado cumplimiento. Las fuentes consultadas señalan, sin embargo, que, estando avalado por los partidos que conforman el Ejecutivo –PSOE y UP– saldrá adelante. El único escollo puede ser de tiempo: si la subcomisión apura los seis meses –que incluso son prorrogables– entregará su texto en abril, lo que dejará al Gobierno año y medio escaso hasta las próximas elecciones (en noviembre de 2023 si no hay adelanto).

De momento, la vía legislativa con el cannabis se limitará a su uso medicinal. El PSOE sigue considerando el cannabis como una droga y no está por labor de regular su uso lúdico. «Cuando hablamos de cannabis medicinal no hablamos del cannabis para usos lúdicos o recreativos. Si puede tener un uso que beneficie a la salud pública y los pacientes, hay que valorarlo, pero queremos separar los dos», explica el diputado socialista y miembro de la subcomisión Daniel Viondi. Unas 200.000 personas usuarias del cannabis medicinal –según el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECD)– celebran la futura regulación; los cuatro millones de consumidores recreativos más o menos ocasionales que registra el INE tendrán que esperar.

La cuestión augura también un choque entre socialistas y sus socios de Gobierno y de legislatura. La actividad cannábica se amontona en el Parlamento en paralelo a la subcomisión y la presión sobre el PSOE aumenta. En las últimas semanas se han registrado en el Congreso hasta tres iniciativas para una regulación integral. Una de Más País, otra de Unidas Podemos y otra de ERC, aunque las tres están condenadas a no salir adelante sin el apoyo del partido de Pedro Sánchez, que no tendrán. Ya el pasado septiembre el Senado tumbó, con los votos de socialistas, PP y VOX una propuesta del grupo de la Izquierda Confederal que pedía la regulación de los clubes de consumidores de cannabis que proliferan por el país colándose por las grietas de una legislación a veces ambigua.

Se busca modelo de regulación

Una vez constituida la subcomisión, por delante queda ahora fijar la agenda de trabajo, lo que ocurrirá en las próximas semanas, según se ha acordado este jueves. Qué expertos son llamados para intervenir, qué modelos de regulación se valoran y cuál se propone al Gobierno es la tarea por delante. Una de las principales divergencias con el modelo podría ser si se permite el autocultivo a los usuarios o no. De la postura del PSOE se puede deducir que no se permitirá: «A través del SNS y con prescripción médica», dice la ponencia del Congreso. Sostienen los defensores de este modelo que esta es la única manera de obtener un producto estandarizado, trazable y con unas determinadas proporciones de los principios activos del cannabis presentes en los preparados (el THC, psicoactivo, y el CBD, que no lo es, son los principales). Rebaten los usuarios que cada dolor es un mundo y que a cada persona le sienta bien una determinada composición, que no tiene por qué ofrecer el mercado.

Además del impacto inmediato que tendría una futura regulación en los pacientes, legalizarlo también dará un impulso a la investigación con el cannabis. Hasta ahora, para los científicos pedir muestras de la planta para su investigación era una pequeña pesadilla burocrática por estar la droga en la lista más fiscalizada de la ONU y además prohibida en España, según explicaban los propios interesados, hasta el punto de que muchos se echaban para atrás. Desaparecidas estas trabas, es de esperar que la investigación, y por tanto el conocimiento, vayan en aumento, especialmente en España, que tiene uno de los grupos de investigación más potentes del mundo.

La otra ventaja que asoma es que, pese a la prohibición de consumo, en España se produce cannabis de manera legal y será fácil que haya producto disponible según se apruebe. El pasado mes de junio, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) había emitido 21 licencias para cultivar cannabis medicinal (13 para investigar y 8 para producir y exportar al extranjero). Los fondos de inversión huelen el negocio del cannabis y se aprestan a hacerse con estas licencias: Linneo Health, asociada a un fondo británico, el gigante del sector Canopy Growth y Curaleaf Holdings con tres de los que han adquirido en los últimos años alguna de las empresas españolas que tenían estas licencias.

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