En UCA Carballo se atiende a los pacientes y familiares que demandan asistencia. Pueden acudir por cuenta propia o porque son derivados por su médico de cabecera, por Unidades de Salud Mental o bien desde los servicios sociales. “Lo que hacemos es atender a los pacientes con problemas de adicción a drogas ilegales como puede ser la cocaína, heroína o cannabis”, dice Lourdes Suárez, directora de la UCA. A mayores, desde el año 2013 se pusieron en marcha unos programas de tratamiento para atender drogas legales y adicciones comportamentales “ya que las personas que tenían este problema tenían que desplazarse hasta dispositivos que se encontraban fuera del área de Carballo y eso dificultaba que iniciasen un tratamiento y que se mantuviesen en el mismo”, añade. En este sentido, hoy en día hay más pacientes a tratamiento por drogas legales (tabaco, alcohol) o con problemas de ludopatía que por drogas ilegales. También se incorporaron en el 2016 nuevos programas para atención con opiáceos a pacientes oncológicos y las unidades de dolor.

Para llevar a cabo la actividad cuentan con una psiquiatra, una psicóloga (que es la propia directora), una enfermera, una trabajadora social y un auxiliar administrativo. A mayores, establecen coordinación permanente y diaria con la Unidad de Salud Mental de Carballo y de Cee y con la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Oza. Orgánicamente dependen del Concello de Carballo pero a nivel funcional la Unidad se integra dentro del Servicio de Psiquiatría del Chuac (Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña). De esta manera, atienden diversas derivaciones de pacientes que tienen patología dual, es decir, un trastorno por uso de substancias y una patología psiquiátrica como puede ser un trastorno psicótico o depresivo.

SERVICIO ESENCIAL. Las demandas de tratamiento bajaron durante la pandemia pero el número total de pacientes atendidos en el 2020 se incrementó respecto a los anteriores años, superando un volumen asistencial de más de 500 pacientes.

La UCA ha sido uno de los servicios esenciales, que se mantuvo en activo durante el estado de alarma. “Desde un principio se potenciaron las consultas telefónicas para que los pacientes tuviesen que frecuentar menos el Centro y se mantuvieron los programas de metadona y la administración de antipsicóticos inyectables”, explica la directora. Durante los meses de confinamiento no se iniciaban tratamientos excepto para aquellas personas que podían ser subsidiarias de acudir a los servicios de Urgencias por estar saturados.

Al decretarse el confinamiento domiciliario hubo un descenso inicial del consumo de drogas ilegales, que progresivamente fue aumentando dada la distribución de estupefacientes a los hogares. También se incrementó el consumo de alcohol y ansiolíticos en casa y el uso problemático de Internet.

A DOMICILIO. En esta segunda ola de la pandemia los profesionales de la UCA comenzaron a detectar que había pacientes positivos en coronavirus que tenían que permanecer confinados o bien estar en cuarentena tras ser contacto estrecho de una persona infectada imposibilitándolos a recoger su tratamiento.

Así, impulsaron un programa de entrega de metadona a domicilio. En un primer momento contactaron con los Servicios Sociales de todos los ayuntamientos del área de influencia para valorar los recursos que había en cada uno. Posteriormente, en cada municipio se nombró a un técnico responsable que se haría cargo de recoger la metadona para llevársela a los pacientes. “Tenemos un registro con los colaboradores para que el protocolo se active con urgencia en caso de que no haya un familiar responsable”, comenta.

El técnico designado (miembro de Protección Civil, Policía Local o técnico de servicios sociales) recoge el tratamiento en el centro de salud guardando la confidencialidad de los datos del paciente y se lo entrega en el domicilio. El servicio se puso en marcha tras una experiencia piloto en Camariñas y Carballo. “Los responsables de los servicios sociales de la zona consideraron que era una iniciativa importante para el paciente así como por cuestiones de salud pública”, apunta.

Durante estos meses fue “un desafío” mantener la asistencialidad. En todo momento se prestó el servicio con protección teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad posibles. Ahora el incremento mayor es de las demandas de tratamiento por ludopatía, cannabis, cocaína y alcohol.

Fuente: El Correo de Bergantiños