‘Un camino humanista en las políticas de drogas’

El Sistema Internacional de Control de Drogas (SICD) se basa en la prohibición acordada en el artículo 4 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961: “Las partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias: (…) para limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”.

Así, por mucho tiempo la ONU no se opuso a la política de ‘guerra contra las drogas’, ni tuvo en cuenta los derechos humanos al considerar las políticas de drogas. El argumento consistía en que las convenciones sobre derechos humanos eran posteriores a las de drogas, de manera que no obligaban a los órganos de drogas de la ONU.

Es clave anotar que los términos más importantes de las convenciones de drogas como son la salud física y moral, fines médicos y científicos (o medicina y ciencia), no fueron definidos en las convenciones. Esto le permitió a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) decidir cuáles comportamientos cumplían con las convenciones y cuáles no.

Por eso, la interpretación de las convenciones de drogas depende de quienes sean los miembros de la JIFE, en cuya historia ha habido pocos abogados internacionalistas expertos en la interpretación de las convenciones.

Esto permitió argumentar que las ciencias sociales son solo especulaciones acientíficas, donde todo es discutible y se reduce a opiniones, no a conocimiento científico.

Esa actitud llevó a los órganos de las convenciones de drogas de la ONU a abogar por la meta de ‘un mundo sin drogas’ justificada con el argumento de que los costos sociales de la adicción son inconmensurables. O sea, sencillamente: nunca podrá haber mercados de drogas ilegales cuyos costos sociales excedan a los de la adicción.
Además, el SICD fue diseñado sin las bases que hoy se creen necesarias para cualquier política pública, es decir, sin tener ninguna evidencia acerca de su eficacia ni de la capacidad de los Estados para hacer cumplir sus leyes. De aquí se pasó a la tesis de que el acuerdo se había hecho por el bien de la humanidad, como si fuera un contrato que debe cumplirse independientemente de sus consecuencias.

Un cambio reciente

Sin embargo, en los últimos cinco años, la JIFE ha reconocido la complejidad de los problemas de drogas y la necesidad de que las políticas respeten los derechos humanos. Hoy la JIFE insiste en que:

• Las convenciones no exigen las medidas o políticas aplicadas en las ‘guerras contra las drogas’.

• La pena de muerte no se debe aplicar a delitos de drogas.

• Las sanciones a los traficantes deben ser proporcionales a sus crímenes.

• Las políticas deben respetar los derechos humanos de todos los productores, traficantes y consumidores. La Junta insiste en dar un tratamiento humanitario a los adictos y a los reos, y a tener políticas que tengan enfoques de género que protejan a las mujeres, los niños, jóvenes y adultos mayores.

• Las políticas sobre los usuarios de drogas deben tener un enfoque de salud pública, basadas en la prevención, tratamiento, rehabilitación y resocialización.

• Asimismo, la Junta apoya programas de distribución e intercambio de agujas y jeringas y acepta salas de inyección, siempre y cuando sean parte de un programa más amplio para inducir a los usuarios a tratamiento contra la adicción.

La narrativa de los órganos de drogas de la ONU ha avanzado en describir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales como fenómenos complejos y reconocen que hay un consenso respecto a que el problema mundial de las drogas es cada vez más complejo.

Además, reconocen que los problemas de drogas, corrupción, pobreza, violencia, segregación, exclusión social, desempleo, crisis económicas, educación deficiente e incompleta y otros males sociales son fenómenos interrelacionados, muchas veces de manera circular.

La ONU finalmente ha reconocido que las relaciones entre estos problemas son complejas y que esos males sociales no tienen causas directas sino que son resultado de un complejo conjunto de factores.

Un mundo imposible

A pesar de los cambios mencionados en las políticas y en la narrativa, el objetivo de eliminar todos los usos no médicos o científicos de las drogas controladas ha sido un ‘ancla política’ inamovible e indiscutida.

Los órganos de drogas de la ONU han reconocido en repetidas ocasiones que la meta ideal de “un mundo libre de drogas” es inalcanzable. Sin embargo, las burocracias de los órganos de la ONU y los gobiernos insisten en la supresión total del uso de drogas.
Por eso mismo, en la evaluación periódica en la Comisión de Estupefacientes, y en las reuniones especiales de la Asamblea General sobre drogas (UNGASS), se concluye que no se ha cumplido el objetivo y que una reafirmación del compromiso producirá mejores resultados en la próxima evaluación, generalmente dentro de diez años.

El éxito de las políticas de drogas en entornos complejos exige entender bien las razones que están en el trasfondo de la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Es necesario entender los entornos y las causas para poder formular políticas efectivas. Es necesario aceptar que los problemas en entornos diferentes necesitan respuestas diferentes.

La prohibición de todos los usos no médicos o científicos de las drogas controladas pudo haber sido una ‘mejor práctica de la política de drogas’ a principios del siglo XX. Esto debido a que los problemas del uso de la droga eran ‘simples’ y limitados a unos pocos países y a drogas provenientes de plantas, mayoritariamente opiáceos, cocaína y marihuana.

La alternativa prohibicionista hoy es obsoleta. No hay evidencia de que esta política pueda ser una mejor práctica para el mundo de hoy. El problema mundial de las drogas es muy complejo y debería ser tratado como tal.
Ser creativos

Las políticas de drogas se proponen cambiar comportamientos, y para enfrentar un problema complejo requieren una acción multidisciplinaria abierta, honesta e integrada que incluya la salud pública, la economía, el derecho, la agronomía, la química, la ciencia política, la geografía, la antropología y demás disciplinas relevantes.

Por eso se necesita un proceso de cocreación de políticas que involucre a todos los actores relevantes. El objetivo es utilizar el conocimiento de diferentes áreas y a la vez evitar las políticas impuestas a la fuerza. Esto implica estar abiertos a nuevas propuestas que apoyen los objetivos tradicionales o que prueben otros métodos e instrumentos de política.

La cocreación exitosa presupone confianza y empatía entre los actores interesados. Habría, por ejemplo, que alentar a las asociaciones de cultivadores de coca para que participen en la formulación de política, pero insistiendo en que la producción para mercados ilegales no es éticamente aceptable.

De igual manera, el éxito de las políticas en materia de consumo necesita la participación de los usuarios. La prevención, el tratamiento de la adicción, la rehabilitación y resocialización de los adictos son procesos que piden confianza y empatía entre los usuarios de drogas y los proveedores de salud, los funcionarios gubernamentales y los artífices de política.

Como también se reconoce que las consecuencias de la prohibición dependen de las circunstancias sociales y económicas de cada país, hay que aceptar políticas de drogas diferentes siempre y cuando no afecten a otros países.

Esto implica que en países como Colombia, donde el problema principal sea la exportación, el objetivo central de las políticas debe ser controlar la producción, así en el exterior exista una demanda muy rentable. Aunque muchos crean que esto es imposible, la mayoría de los países donde se puede cultivar coca y refinar cocaína, no lo hacen.

Como los órganos de drogas de la ONU han aceptado que la meta de un mundo libre de drogas es inalcanzable, el mejor objetivo de la política global sería aprender a convivir con usos no médicos regulados. Así se minimizaría el daño total del consumo de drogas, incluidos los daños sociales causados por las políticas antidrogas.

En otras palabras, es necesario que la ONU reconozca que los costos de la adicción no son inconmensurables, y que deben estimarse y compararse con los de los mercados negros de drogas.

Esto implica reconocer que parte del conocimiento de las ciencias sociales es ciencia y debe aplicarse a la producción, mercadeo y uso de las drogas adictivas con el fin distanciar las políticas de drogas de sus orígenes autoritarios. Así es posible promover políticas que reflejen la complejidad del consumo, producción y mercantilización de las drogas.

Fuente: El Tiempo