Más de 6.000 personas pidieron en 2020 ser excluidos de las webs de apuestas en España

Cataluña, 6.042 personas se inscribieron por voluntad propia en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) en 2020, una lista que impide el acceso a portales online donde se puede apostar. La cifra total asciende a 56.329 inscritos en España, lo que supone un crecimiento del 12% respecto a los apuntados en 2019. De ellos, 13.811 son andaluces, lo que supone una de cada cuatro personas (24,52%) autoexcluidas de las apuestas online en todo el Estado.

Las comunidades en las que más aumentó el censo el año pasado fueron Baleares (56%), Murcia (23%) y Castilla-La Mancha (23%). Por el contrario, las comunidades autónomas con un menor crecimiento relativo en 2020 son Aragón (6,64%) y Castilla y León (9,76%).

Datos del RGIAJ

Cuenca, Tarragona y Teruel, las provincias donde más crecen la peticiones

Por provincias, Cuenca es la que experimenta un mayor crecimiento, al pasar de 103 registros en 2019 a 145 en 2020 (40,78%). Le siguen Tarragona (39,63%), Teruel (34,06%), Segovia (28,45%), Ciudad Real (24,76) y Lugo (24,19%). Las provincias que muestran un menor crecimiento relativo son Sevilla (4,41%), Zaragoza (5,55%), Huelva (5,61%), León (5,63%) y Granada (6,10%).

 En  números absolutos, la Comunidad de Madrid (17,03%) y Aragón (9,32%) se sitúan por detrás de Andalucía. Entre estos tres territorios suman más de la mitad (50,87%) del total de personas inscritas en el conjunto del Estado.

Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en este registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a la actividad. En la base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego.

El formulario se puede descargar en la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego. La inscripción en el RGIAJ tiene efectos en todo el territorio nacional y supone la prohibición de acceso al juego online. Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar.

La paradoja

No hay interconexión entre los registros autonómicos y el nacional

Sin embargo, además de este registro de carácter estatal, cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.

La paradoja es que el registro general del Estado y los de cada una de las comunidades autónomas no están interconectados, de tal modo que aquellas personas que se inscriben sólo en su comunidad pueden jugar online (y también en un negocio de apuestas de una región distinta a la suya). Y viceversa: quienes se apuntan en el RGIAJ son libres de acceder a una casa de apuestas a pie de calle. La única comunidad en las que los datos personales de las personas que se inscriben en estos registros están conectados es Castilla-La Mancha.

Con el fin de resolver este contrasentido y proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego, el Consejo de Políticas del Juego aprobó en septiembre la propuesta para que estos registros estén coordinados. Este organismo está presidido por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha hecho de la regulación sector del juego y apuestas uno de los caballos de batalla de su departamento.

El acuerdo alcanzado en septiembre contó con el apoyo de todas las comunidades autónomas, a excepción del voto en contra de Catalunya y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana.

fuente: La Vanguardia