Cádiz pide el indulto para un narco arrepentido

“Esto marca de por vida. Podré hacerme viejecito, pero nunca podré olvidar que perdí seis años de mi vida en prisión y todavía podrían ser nueve”, afirma. El viernes, el extraficante, con la misma calma, narró su vida y arrepentimiento a los 27 concejales del Ayuntamiento de Cádiz. El pleno acordó por unanimidad sumarse a su petición de indulto. Es la última bala que Esther Coto, su abogada, tiene para volver a elevar al Ministerio de Justicia una solicitud que hace dos semanas ya les llegó denegada, pese a que el tribunal que condenó a Jose Antonio se mostró favorable al perdón.

El extraficante nunca ha rehuido su culpa. Con 14 años probó el hachís. A los 16, comenzó a menudear. Con la veintena, culminó su carrera en el narcotráfico: piloto de lanchas a las costas de Kenitra, en Marruecos. Cuanto más ganaba, más se gastaba en sus múltiples adicciones. “Si el primer alijo sale bien, se crea una fantasía de pensar que puedes llegar a comer de eso. Es un engaño y quien te lo ofrece lo sabe, van a por quienes tienen problemas de adicciones o de dinero”, sentencia. Narrar la auténtica cara del narcotráfico forma parte de una catarsis que el gaditano ya inició en octubre de 2019 con una entrevista en EL PAÍS.

Ya entonces se había rehabilitado, pero los delitos de salud pública se le amontonaban. Una causa de 2008 y otra de 2011 le llevaron a pasar seis años y cuatro meses entre rejas. El periodo en prisión se inició justo después de que le detuviesen el 22 de mayo de 2012 tras participar en un alijo de mil kilos de hachís en la desembocadura del Guadalete, el último delito de su carrera, y también el más grave. Entonces no lo sabía, pero el joven también firmó ahí el principio del fin de sus adicciones y el inicio del largo camino judicial.

El alijo del Guadalete fue uno de los 2.427 escritos de acusación que la Fiscalía Antidroga de Cádiz realizó ese año. Acusado de un delito de narcotráfico y otro de organización criminal por alijar 1.000 kilos de hachís, el fiscal llegó a pedir para él seis años y nueve meses de prisión. El juicio tardó siete años en llegar a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Una nueva vida

En sus seis años y cuatro meses en las prisiones de Puerto II y Puerto III por sus dos causas anteriores José Antonio tuvo tiempo de conseguir el graduado escolar, comenzar estudios universitarios de Educación Social por la UNED, conocer a su pareja, tener dos hijos y encontrar un trabajo en la industria auxiliar de los astilleros. Para construir esa nueva vida, tuvo primero que destruir la anterior aprendiendo a decir ‘no’. Rechazó la ayuda de los capos para los que trabajaba —esos de “traje de chaqueta” a los que nunca conoció directamente—, rehusó nuevas propuestas de viajes y se apartó de cualquier consumo de sustancias: “Fue un proceso largo, de espinas y piedras. Hoy saludo a todo el mundo del pasado, pero no me paro con nadie”.

En el juicio celebrado a finales de 2019, Jose Antonio reconoció los hechos y pidió perdón. “En el uso de la última palabra, impactó bastante a la sala”, rememora Coto. Con una rebaja por dilaciones en el proceso, acabó condenado a los tres años y 11 meses que ahora pueden devolverle a prisión. Sin embargo, el mismo tribunal se mostró a favor del indulto en junio de 2020. La sala tuvo en cuenta su esfuerzo por relatar en medios el infierno que se esconde tras el narcotráfico o su trabajo con multitud de asociaciones antidroga. “La concesión de un indulto en tales circunstancias no generaría ningún tipo de alarma social y resultaría equitativo al esfuerzo realizado por Jose Antonio S. S. para su rehabilitación”, aseguró la sala en su informe al Gobierno, de quien depende la medida de gracia.

“Lo que ha hecho José Antonio con los círculos de Justicia restaurativa es increíble y ha sido la primera persona en Andalucía en lograrlo”, añade su abogada. Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó su petición hace dos semanas. Coto ahora ya tiene lista una nueva solicitud en la que incluirá el respaldo del pleno municipal, y que deberá pasar de nuevo por la Audiencia antes de llegar al Gobierno. No parece fácil que ahora sí atiendan a razones. De los 744 expedientes de indulto de delitos contra la salud pública resueltos en 2018 en España, el Ministerio solo atendió favorablemente nueve.

Para la abogada, la denegación del indulto sería un fracaso colectivo, más que personal: “Si no se lo dan a él, no sé a quién se lo dan… Es una auténtica garantía social, recuperar a alguien que fue por otro camino y que se arrepiente de ello”. Jose Antonio espera su futuro con ansiedad e incertidumbre. Teme dejar de nuevo su destino en suspenso. “Gano menos, he asumido que soy pobre y acepto mi clase social. Pero me siento un privilegiado, tengo detrás a una gran familia. Mi vida es plena”, sonríe, pese a todo.

Fuente: El Pais