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Entrevista a Francisca Oblitas, Jefa de Gabinete de SENDA

Foto: «Francisca Oblitas, de SENDA, en el primer encuentro anual 2022 de COPOLAD» (fotografía de Roberto Escobar)

ENTREVISTA: 23.07.2022

 

Entrevista realizada por Marta Saiz | Periodista / Asunción (Paraguay)

Redacción. En el encuentro anual de COPOLAD III, celebrado los días 22 y 23 de junio de 2022 en Asunción, Paraguay, Oblitas centró su intervención en la experiencia chilena en torno a las respuestas de inclusión social y laboral para personas con problemas de consumo. Una mirada desde las políticas integrales que permite a las personas con consumos problemáticos de drogas, tener opciones y oportunidades de vivir mejor.

Pregunta: En primer lugar, ¿cuál es la situación en Chile con respecto a las políticas de drogas y la reinserción laboral?

Respuesta: En Chile se ha intentado instaurar una política integral en el tema de drogas mediante agencias diferenciadas. Por esta razón, SENDA tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con el tema de reducción de la oferta en cuanto al tratamiento, la prevención y la inclusión social de las personas que hacen un consumo problemático de las drogas. Con respecto al tema de la reinserción, una reflexión necesaria es abandonar este concepto, porque hablar de reinserción significa pensar que estas personas están en un lugar y las estamos llevando a otro, y que con eso basta. Los esfuerzos tienen que ir hacia la inclusión. Para ello, hay que reconocer las inequidades y la existencia de los determinantes sociales de la salud. Y la Covid-19 nos ha demostrado que muchas personas se enfermaron, pero que quienes murieron fueron las más pobres. Los determinantes sociales de la salud son reales y las personas con un consumo problemático de drogas se ven afectadas por las inequidades que causan la desvinculación de la sociedad, la exclusión y el estigma.

P: ¿Las políticas de drogas deben tener un enfoque de derechos humanos?

R: Absolutamente. En particular, si hablamos en términos de las personas consumidoras, es necesaria una mirada desde la salud pública y los determinantes sociales de la salud, para impactar en el desarrollo sostenible y en los derechos humanos y poder trabajar en mejorar las condiciones de vida de las personas. De esta manera, se podrán ampliar los factores protectores y disminuir los de riesgo. Desde SENDA, tenemos una política de tratamiento y rehabilitación que está conectada con el Ministerio de Salud. Además, se implementa todo un programa de inclusión social que busca generar espacios de participación amplia, donde las personas puedan ser revinculadas con medios para poder generar oportunidades laborales. El fin también es conectarlas con el Estado, ya que en el proceso del consumo problemático se va generando una desvinculación y una desconexión con la protección social y laboral.

P: ¿Por qué es importante que la política de drogas, no solo en Chile, sino en todo el mundo, tenga este enfoque de derechos humanos?

R: Porque si no está el enfoque de derechos humanos, el Estado falla en su rol de protección y garantías, condenando a un grupo de personas a seguir sufriendo y pasándolo mal. Igualmente, se refuerzan estigmas y se genera, por lo tanto, menos desarrollo, menos seguridad y mayor conflicto social. El Estado debe generar oportunidades y hacer valer los derechos fundamentales, como el acceso a la salud y la calidad de vida.

P: ¿Las políticas de drogas deben bajar de los despachos al territorio?

R: Totalmente, y creo que ese es el desafío de las políticas. Estamos haciendo esfuerzos para ello, pero es verdad que todavía son insuficientes y tenemos que ser capaces de reconocer y potenciar los saberes, las oportunidades y los conocimientos que existen en los territorios, especialmente en materia de biodiversidad. Hay que acercarse a los territorios y conocerlos. Lo peor que sucede es cuando se llega con políticas que son implementadas de arriba hacia abajo, cuando lo ideal sería que las comunidades tomasen la responsabilidad en esto. En Chile, estamos generando programas preventivos de parentalidad positiva, para que las comunidades se involucren en el cuidado de la infancia y la adolescencia. Creo que las políticas, las agencias nacionales o las agencias centrales deben ser capaces de tener suficiente sinergia para lograr rescatar estas oportunidades y conocimientos de los territorios, para transformarlos en políticas públicas. Y contar con financiamiento, porque no todo es voluntad y coordinación. La intersectorialidad y la coordinación son ejes fundamentales, pero hay que generar presupuesto e inversión en la salud y en que existan oportunidades para el tratamiento, con centros de calidad donde haya un trato digno. Asimismo, hay que generar inversión en capacitación y formación, y que esté en manos de profesionales que tengan el conocimiento de acompañar a personas en estos tránsitos.

P: En cuanto al estigma hacia las personas consumidoras, ¿cree que está en toda la sociedad o solo en una parte de ella?

R: El estigma está presente en toda la sociedad. En Chile, hicimos una encuesta abierta donde tuvimos la oportunidad de preguntar a la ciudadanía cuál era la imagen que se tenía de la persona consumidora de drogas. Pudimos constatar que nueve de cada diez personas definían a las personas consumidoras con adjetivos como sucias, peligrosas, raras… No es un fenómeno aislado, por eso tenemos que mirarnos y deconstruirnos.

P: Para cambiar el estigma hay que empezar por cambiar las narrativas, ¿cómo se puede cambiar el lenguaje?

R: El tema de las drogas es un tema muy complejo, por lo tanto, nos desafía a respuestas complejas, y el imaginario que creamos en torno a los y las consumidoras necesita ser intervenido de manera multinivel. Hay un rol importante de los medios de comunicación y de cómo pueden trabajar para entregar una imagen social más favorable, donde le podamos contar a la ciudadanía que las experiencias vitales de las personas que están en procesos de recuperación son valiosas para la comunidad. Que son personas que pueden ser referentes, que pueden acompañar y que no todas han tenido que enfrentar tantas dificultades como las de alguien que está en un proceso de recuperación. Por otro lado, tenemos que lograr que las propias personas que están en proceso tengan conciencia respecto a cuáles son sus propias construcciones del estigma, e irlas deconstruyendo. El estigma es el fenómeno más masivo que podamos encontrar, es probable que tú y yo los tengamos. En el fondo son constructos teóricos que hacemos a priori de un alguien según como pensamos. Sin embargo, el estigma estructural también es importante. Es decir, como nuestras leyes y políticas públicas generan estigmas: programas de protección social que ponen como condición no ser persona consumidora de drogas o programas que atienen a mujeres en situación de violencia de género, donde ser consumidora de drogas es un problema. Por esta razón, la solución es multinivel, porque es tema es muy complejo y requiere esfuerzos en varias líneas.

P: ¿Hay un estigma mucho más marcado en mujeres y diversidades sexuales y/o de género?

R: Por supuesto, y ahí está todo el enfoque de la interseccionalidad. Son estas capas de desigualdades que se van generando en torno a las personas, y que, en el fondo, generan distintas relaciones de poder; de oportunidades o no oportunidades. El consumo problemático de drogas es transversal a varias interseccionalidades, desigualdades y discriminaciones: mujeres, diversidades, pueblos indígenas, pobreza, edad… Todas estas situaciones se entrelazan y van generando y agudizando las inequidades, la exclusión y complicando, finalmente, la calidad de vida de las personas.

P: ¿Cómo se puede reducir el estigma a través de la inclusión, en vuestro caso, laboral?

R: Primero hay que tener en cuenta la diversidad y llevar a cabo la inclusión a través de ella y no de la asimilación. Tendemos a la asimilación, a los talleres de carpintería, soldadura… y se nos quedan fuera las capacidades propias, la experiencia, lo que la persona es. Tenemos que basar los programas en entender esa diversidad. Además, debe ser un proceso bilateral, ya que el esfuerzo no va solamente dirigido a quien lo recibe, sino también a quien lo ejecuta, a la sociedad. Por eso el proceso debe ser inclusivo en todos los espacios y áreas.

P: Desde SENDA, ¿cómo se entiende el concepto de recuperación con este enfoque más inclusivo y diverso?

R: Buscamos hacer sostenibles en el tiempo los cambios alcanzados. Pero las personas sienten una muralla por los grandes esfuerzos que tienen que hacer y la meta a tan largo plazo. El modelo en Chile tiene que ver con los centros de tratamiento. Hay una amplia red de centros con una diversidad de planes y formas de intervenir. Pero esos mismos centros se transformaban en instituciones totalitarias, ya que en el mismo lugar se daba el taller laboral, deportivo y todos los demás, por lo que la persona nunca salía de ahí, reforzando la desvinculación y el estigma. Entonces vimos que se necesitaba un cambio y lo que empezamos a trabajar fue entender el proceso en dos líneas: una en los centros de tratamiento y otra fuera, que es el esfuerzo del Estado en acercar la oferta pública y trabajar con las comunidades. Se movilizan las capacidades de las personas que están en tratamiento, para despertarlas y fortalecerlas. Que la persona pueda mirarse como una persona que está en camino o en una construcción laboral, no como consumidoras o en tratamiento.

P: Por lo tanto, es un enfoque más humano y, ¿efectivo?

R: Sí, las personas relatan que se pueden mirar desde un lugar distinto. Cuando son los centros de tratamiento los que hacen todas las intervenciones siempre tienen delante a un o una consumidora problemática de drogas. En cambio, con este enfoque lo que tenemos en frente es a una persona con una historia de vida y unas herramientas que potenciar. Además, trabajamos también con las barreras de acceso en el trabajo, como el uso de la tecnología o el cuidado de personas dependientes. Este enfoque nos ha llevado a buenos resultados, tanto que hay personas que abandonan el tratamiento pero que siguen en esta intervención.

 

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