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La Fiscalía de Madrid: “De los menores que beben deben hacerse cargo los padres”

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Varios jóvenes durante un macrobotellón en Moncloa - ÁNGEL NAVARRETE

NOTICIAS: 27.10.2021

La fiscal superior pide que no se judicialicen los casos de menores con comas etílicos al ser “un problema social”

MADRID. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés, ha afirmado este martes que de los menores que son sorprendidos de botellón tienen que hacerse cargo los padres y no la Fiscalía. Sus palabras se producen después de que el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno anunciaran que iba a trasladar a la Fiscalía de Menores la información de los comas etílicosque se habían producido durante los macrobotellones, ya que está acudiendo a estas citas gente “muy joven”.

Lastra se ha referido al “problema social” del consumo de alcohol en la calle por parte de los menores en la presentación de la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid referida a 2020, que ha detallado junto a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, la fiscal de área de Móstoles, Margarita Rossignoli, la fiscal de área de Alcalá de Henares, María José Parrado y la fiscal de área de Getafe-Leganés, María Jesús Escribano.

La fiscal superior ha reconocido que a lo largo de 2021 se está dando un fenómeno claro de consumo de alcohol en botellones y posteriores altercados por los que han sido detenidos un número importante de menores que luego pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.

Ha recordado que en este marco la delegada del Gobierno en Madrid anunció que trasladaría a la Fiscalía la información de los comas etílicos que se produzcan en estos eventos, y ha puesto de manifiesto que ya ha trasladado a la Delegación que hay un protocolo por el que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sancionan esas concentraciones ilegales (si son más de 20 personas).

Si hay menores se les identifica y se localiza a sus padres, “que son los que tienen que hacerse cargo de ellos, y no trasladarlos a la Fiscalía”, ha añadido, ya que consumir alcohol en la calle no es delito “y no se justifica que pasen a priori a disposición de la Fiscalía”.

Solo ve justificada la fiscal superior la intervención del Ministerio Público si no se localiza a los padres o tutores o se sospeche que éstos no se responsabilizan, casos en los que se alerta a la entidad pública correspondiente, que si ve posible delito avisa a su vez a la Fiscalía.

Ha puesto de relieve que entre todos los menores detenidos en las últimas semanas “no hay ninguno tutelado, ni menores extranjeros no acompañados, todos eran ciudadanos españoles con padres con su patria potestad ejercida”.

RESPUESTA SOCIAL

“Se trata de un problema social que tenemos que abordar, de un tema que no se tiene que judicializar sino darle una respuesta social“, ha añadido.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho pública este martes su discrepancia “respetuosa” con la petición de la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, de no judicializar los casos de menores con comas etílicos en botellones, al tiempo que ha recordado que la Ley Orgánica de Protección del Menor apela a poderes públicos. “No pretendo confrontar pero sí poner de manifiesto un problema que es grave, con intoxicaciones graves, que han requerido ayuda a menores de edad”, ha trasladado el primer edil capitalino desde el Palacio de Cibeles, que acoge hoy la sesión plenaria del mes de octubre.

Lastra de Inés ha puesto de relieve que en 2020, y a pesar de los confinamientos por la pandemia, se detectó una agravación de las conductas entre los menores, con delitos más graves que los cometidos en 2019, y ha destacado como ejemplo que hubo 95 casos abiertos por acoso escolar, de los que un tercio se correspondían con menores de 14 años, inimputables.

Ya fuera del ámbito de los menores la fiscal superior ha subrayado el trabajo llevado a cabo por los 350 fiscales de la región y sus 300 funcionarios para sacar adelante procedimientos y celebrar juicios durante “las horribles condiciones” de la pandemia, detallando que en 2020 el número de procedimientos tramitados en el ámbito penal bajó un 24,7%, y se archivaron el 50% de los procedimientos incoados.

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