NOTICIAS: 10.06.2021
Madrid. En los últimos años, las discusiones sobre la regulación legal de las drogas, y en particular del cannabis, se han movido desde los márgenes de los debates sobre políticas de drogas. A la fecha, más de 50 países han adoptado marcos regulatorios para el cannabis medicinal, mientras que un número creciente de jurisdicciones han regulado el uso no médico de adultos, y muchos más están preparados para seguirlo. A medida que se establecen estos marcos legales, es esencial que estén diseñados para promover la justicia social, la inclusión y los derechos humanos.
La regulación legal de una droga programada no es una solución milagrosa que resuelva todos los resultados dañinos de la prohibición. La regulación legal tiene el potencial de convertirse en una herramienta poderosa para corregir décadas de criminalización, exclusión económica y falta de acceso a una atención médica adecuada. Sin embargo, los mercados legales también pueden ser capturados por intereses corporativos, no incluyen medidas integrales para reparar los daños ocasionados por la ‘guerra contra las drogas’ y criminalizan aún más a las personas que permanecen en los espacios ilegales que inevitablemente persisten fuera de cualquier mercado regulado.
Los 198 miembros de la red IDPC operan en una amplia variedad de contextos legales, políticos y culturales en todo el mundo. Como corresponde a esta diversidad, algunos miembros del IDPC abogan activamente por la regulación legal, mientras que otros se enfocan en diferentes medidas de salud pública y justicia social, como la reducción de daños y la despenalización. Pero la regulación legal del cannabis, ya sea para uso médico o no médico para adultos, se está convirtiendo rápidamente en un debate ineludible.
Para abordar este desafío, esta Nota de promoción propone veinte principios que deberían informar cualquier marco regulatorio para los mercados de cannabis, ya sea para uso médico o no médico para adultos. Están organizados en cinco categorías:
Primero, los mercados legales deben proteger la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas, brindándoles acceso integral a los servicios de salud y con la gama completa de derechos y protecciones que normalmente se otorgan a los consumidores en los mercados legales.
En segundo lugar, los mercados legales deben promover la justicia social buscando reparar los daños de las políticas punitivas y asegurando que las comunidades más afectadas por la prohibición, que en muchos casos han sido oprimidas por motivos de raza, identidad de género u orientación sexual, puedan realizar la transición. en el mercado legal, si lo desean.
En tercer lugar, los marcos regulatorios deben promover modelos comerciales y políticas comerciales internacionales que promuevan la inclusión económica, el desarrollo sostenible y la justicia climática en las cadenas de suministro locales, regionales y globales.
En cuarto lugar, las reformas legales deben eliminar los castigos por el uso personal de drogas y las actividades auxiliares, incluidas las sustancias o actividades que quedan fuera del alcance de los mercados regulados. Si aún se imponen sanciones por actividades relacionadas con el tráfico, las respuestas punitivas deben ser estrictamente proporcionadas y estar acompañadas de otras intervenciones.
En quinto lugar, la regulación legal debe adoptar un enfoque sensible al género, a fin de reparar el daño desproporcionado y la exclusión que sufren las mujeres sometidas a la prohibición.
Finalmente, los nuevos marcos regulatorios deben incluir mecanismos para recopilar, analizar y difundir datos completos sobre los mercados de drogas y el uso de drogas, ya que la regulación legal es un proceso iterativo continuo que responde a la evolución del mercado y a las lecciones aprendidas.
Aunque esta Nota de promoción solo aborda la regulación legal de los mercados de cannabis debido a la actualidad y la urgencia de los debates en curso en todo el mundo, los veinte principios para una regulación legal responsable y los valores subyacentes de justicia social, inclusión y derechos humanos pueden y deben ampliarse. a cualquier propuesta de regulación legal de otros fármacos consignados, con los oportunos ajustes. La red IDPC espera expandir y actualizar estos principios en vista de las nuevas iniciativas, investigaciones y experiencias regulatorias que seguramente vendrán en un futuro próximo.
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