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OPINION: Ley Integral del Cannabis: preguntas y respuestas. Pedro Vera

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OPINION: 30.09.2021

Nuestra Ley Integral del Cannabis será mejorable, y estamos abiertos a que desde el Gobierno, el resto de fuerzas políticas o la sociedad civil se nos hagan llegar propuestas a tal efecto, pero estoy igual de convencido de que con esta propuesta se abre un camino de no retorno

ANDALUCIA. Como casi siempre que se abre un nuevo debate en nuestro país, lo primero son los comentarios jocosos. No sé si será una reacción natural, pero muchos se toman a broma lo desconocido. Después viene el interés real en la propuesta y, tras ello, todos los agentes políticos tratan de subirse al carro. Como uno de los redactores de la proposición de Ley presentada por Más País para establecer una regulación integral del cannabis, trataré de sortear esa primera fase y adelantarme a la segunda, en la que muchas personas pueden cuestionar, legítimamente, la necesidad o la idoneidad de una normativa como esta.
¿Por qué establecer una regulación integral del cannabis?
No hay una sola respuesta a esta pregunta, aunque sí hay una que destaca por encima de las demás: por salud. Este argumento, a su vez, se desdobla en dos. En primer lugar, para reducir su consumo, especialmente entre los menores, y limitar las consecuencias perjudiciales de éste. No podemos olvidar que el cannabis es una droga, como el alcohol o el tabaco, y que su utilización no está exenta de riesgos ni de perjuicios. Sin embargo, las cifras de consumo no hacen más que aumentar año a año. Pensamos que la información y la educación son más útiles para desincentivarlo que la represión y las multas. Pero también lo hacemos por la salud física y mental de miles de pacientes que a día de hoy utilizan el cannabis como una forma efectiva de paliar algunas de las peores consecuencias de enfermedades como el cáncer, la epilepsia o la esclerosis múltiple. Estamos convencidos de que una regulación como la que hemos registrado facilitará y mejorará el tratamiento de estas personas, con la seguridad de que se producirá bajo prescripción médica, fomentando la investigación y el desarrollo de nuevas terapias.
En segundo lugar, creemos que es la mejor manera de luchar contra las mafias y el narcotráfico, que se ha convertido en un verdadero problema de orden público en lugares como Andalucía o Catalunya. La falta de regulación es el mejor caldo de cultivo para las organizaciones criminales que, sin una competencia en el suministro por la vía legal, campan a sus anchas en lo que, de facto, es un monopolio de las mafias. La discusión no gira en torno a si esto facilitará el acceso a la sustancia o no, sino si ese acceso será responsabilidad de un Estado que protege a sus ciudadanos o si seguimos dando alas a organizaciones criminales de todo pelaje. La llamada Guerra contra las Drogas ha sido un estrepitoso fracaso, y toca corregir los errores de una política de drogas que ya está siendo revisada en multitud de países.
Y en tercer lugar, por economía. No podemos taparnos los ojos ante los avances legislativos que se están produciendo en los países de nuestro entorno. A las regulaciones establecidas en multitud de Estados como California, Colorado o Washington (y la más que previsible despenalización a nivel federal) se unen las de Canadá, Uruguay, Chile, Argentina o Colombia, que con legislaciones más o menos ambiciosas han abordado de una u otra forma regulaciones del cannabis. Pero no hay que cruzar el Atlántico para observar esta tendencia. Portugal o Alemania ya permiten el consumo medicinal, mientras que Italia ha despenalizado recientemente el autocultivo, y prepara un referéndum para legalizar el uso recreativo de la planta para el año próximo. Ante un escenario internacional como éste, y teniendo en cuenta la posición de privilegio que ostenta nuestro país, sería una necedad no plantearse algo así. España es vanguardia en lo que a cannabis se refiere, contando con algunos de los bancos de semillas (las empresas que desarrollan, producen y distribuyen las diferentes variedades de cannabis) más importantes del mundo, y muchas de las investigaciones más avanzadas en la materia también llevan sello español. Nuestro especial vínculo con América Latina nos da la opción de ser socio preferente y el enlace comercial entre aquel continente y el nuestro. Con estas posibilidades, España estaría en condiciones de ser el mayor productor de cannabis a nivel europeo, sustituyendo en el mercado a las empresas norteamericanas que actualmente suministran esta sustancia a nuestros socios comunitarios. Sirva como ejemplo que un 32% de las importaciones de cannabis medicinal realizadas por Alemania durante el primer semestre del año provenían de Canadá, ante la ausencia de productores en territorio europeo. Además, tal y como indica el estudio realizado por el Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis, una regulación como la que presentamos podría contribuir al cumplimiento de hasta 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible señalados por la ONU en la Agenda 2030.
¿Y por qué ahora?
Porque es el momento. Obviamente la regulación integral del cannabis no es un artefacto mágico que consiga la paz en el mundo, pero sí puede contribuir a que nuestro país sea un poquito mejor. En un momento de crisis, como el que atravesamos tras la pandemia generada por la COVID-19, el Estado debe de reforzarse tanto para asistir a los más golpeados por las consecuencias de la pandemia como para pertrecharse de cara a futuras situaciones indeseadas. Nuestra propuesta generaría cientos de millones de euros en impuestos de los que, al menos, un 60% deberán ser destinados a partidas de Sanidad. La posibilidad de reimpulsar nuestro sistema de Salud Pública debería de ser un aliciente hasta para los más reacios. Pero no se trata solo de impuestos, sino también de las miles de cotizaciones y altas en la seguridad social que se derivarían de sacar del oscurantismo y la marginalidad a un sector que, de hecho, ya existe. La Universidad Autónoma de Barcelona publicó un estudio en el año 2018 en el que se calculaba la creación de unos 92.000 puestos de trabajo y 3.300 millones de euros en ingresos públicos fruto de una regulación como la que presentamos. Esta cifra seguramente haya quedado obsoleta, y tras los últimos movimientos en el ámbito internacional, podría incrementarse.
Pero no todo es dinero. Hay casos conocidos, como el de la activista Carola Pérez o el de Juan Manuel Rodríguez Gante, personas que necesitan consumir cannabis para poder resistir los dolores que les producen sus patologías. Si no se hace por los motivos anteriormente expuestos, al menos que sea por una cuestión de humanidad. Hay vidas que no pueden esperar más.
Y es que ya existe un amplio consenso social en torno a la regulación del cannabis. Los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas señalan que un 49,7% de la población española está a favor de una regulación integral del cannabis, frente a un 40,9% que se sitúa en contra. El apoyo a esta medida asciende al 90,1% cuando se pregunta por una regulación del cannabis terapéutico. Nuestra voluntad no es sino que lo que ya es una realidad en la calle, se transforme en Ley.
Anteriormente se han presentado otras propuestas de regulación. ¿Qué tiene la vuestra de especial?
Es cierto que con posterioridad al registro de nuestra proposición, Esquerra Republicana hizo lo propio con su propuesta de regulación. También que Unidas Podemos, como ya había hecho en otras ocasiones, anunció que presentaría su ley durante el mes de octubre, aunque aún no se conocen los extremos de su texto. Con anterioridad se habían desechado otras, como la que presentó Geroa Bai en el Senado, no siendo admitida a trámite con los votos en contra de PP, PSOE y Vox, que actualmente conforman el bloque prohibicionista.
Pero nuestra proposición de ley es, quizás, la más completa, y seguramente la más ambiciosa. Algunas de las principales características de nuestra propuesta son las siguientes:
Es una ley integral, que abarca tanto el consumo recreativo como medicinal. Y esto es así porque consideramos que apostar por un punto intermedio, planteando una regulación exclusivamente medicinal, no solucionaría algunos de los grandes problemas de fondo, como son el narcotráfico o el consumo de menores. Se crearía una doble vía en la que mucha gente utilizaría el cannabis terapéutico para uso recreativo, alegando falsas dolencias y devaluando el verdadero propósito medicinal, como ya ha ocurrido en otros países, mientras que una buena parte de los consumidores seguiría optando por el mercado ilícito.
Se legaliza el autocultivo, presumiéndose este con el límite de 1200 watios en cultivos de interior y de 12 plantas en cultivos de exterior. La superación de dichos límites significa la consideración de cultivo profesional, que está sometido a un régimen de licencias y autorizaciones de las que se prescinde en el autocultivo para uso particular.
Se prohíben específicamente los actos de cultivo y tenencia por parte de menores. Algo que puede parecer una obviedad, pero es un hecho que permite la ausencia de regulación. ¿Hay algún camello que pida el DNI a sus clientes para comprobar si tienen más de 18 años? Pues eso.
Se modifican las sanciones relativas a la conducción, pasando de sancionarse la mera presencia en el organismo a sancionarse la afectación. Esto viene a corregir una situación absurda, pero que se produce con más frecuencia de la que la gente pueda pensar. Un conductor puede dar positivo por cannabis en un control de carretera y ser sancionado por el simple hecho de haber estado en un ambiente cerrado en el que se ha estado consumiendo marihuana, o tras haber consumido cannabis una semana antes. Las sanciones en nuestro ordenamiento jurídico han de limitarse a castigar las sanciones que supongan o puedan suponer un perjuicio a bienes jurídicos protegidos, no a castigar comportamientos individuales que no conlleven un riesgo para personas o bienes
Hemos mostrado nuestra preocupación medioambiental en esta ley, estableciendo la obligatoriedad de eliminar los residuos de cultivo y los envases de los productos fitosanitarios asegurando la protección del medio ambiente. También se exige que, en los cultivos profesionales de interior, al menos un 60% de la electricidad utilizada provenga de fuentes renovables. Con esto lo que queremos es reducir la huella de carbono de este tipo de instalaciones y, a la vez, promover que la producción de esta sustancia sea al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas idóneas que ofrece nuestro país.
Estoy seguro de que nuestra Ley Integral del Cannabis será mejorable, y estamos abiertos a que desde el Gobierno, el resto de fuerzas políticas o la sociedad civil se nos hagan llegar propuestas a tal efecto, pero estoy igual de convencido de que con esta propuesta se abre un camino de no retorno, de que estamos iniciando uno de esos debates, como el de la reducción de los tiempos de trabajo o los problemas de salud mental, que se asumen por los españoles y españolas con la madurez de un pueblo que exige ser tratado como adulto. La pregunta ya no es si el cannabis tendrá una regulación o no,

 

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