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OPINION: Perros policía en centros docentes ¿Una medida educativa?

OPINION: 30.10.2022

Cada vez son más municipios los que ponen en marcha unidades caninas especializadas en la detección de sustancias y su presencia es cada día más habitual en los centros educativos. Una cuestión preocupante sobre la que deberíamos reflexionar tanto desde el ámbito de drogas como el educativo.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de unidades caninas adiestradas para diversos fines como seguridad y ataque, rescate y salvamento, búsqueda y localización de armas, de restos humanos o de personas ocultas y detección de explosivos, acelerantes del fuego, billetes de curso legal o drogas. Recientemente se ha publicado en El Diario.es un artículo que advertía que el uso de patrullas caninas en las Policías Locales es un fenómeno que crece sin regulación. Pero más allá de las irregularidades que apunta el artículo, cabría reflexionar también sobre su uso como actividad supuestamente educativa y de prevención en los centros docentes.

La puesta en marcha de las unidades caninas especializadas en la detección de drogas en el ámbito municipal obedece, al menos oficialmente, a tres grandes objetivos: reforzar la lucha contra el tráfico de drogas, principalmente el menudeo más propio del ámbito local; aumentar la sensación de seguridad en la ciudadanía; y mejorar la imagen de la Policía Local de proximidad y las relaciones con la comunidad. Para ello, se sitúan en las zonas que presenten, a su criterio, un mayor factor de riesgo como parques o institutos en los que realizan controles de seguridad en los horarios de entrada, salida y patios. Además del patrullaje en los entornos de los centros docentes, también lo visitan para impartir charlas sobre el consumo de drogas y realizan actuaciones a petición de los centros ante la llamada desesperada de su dirección que les alerta que han detectado consumo en el centro. Sea de forma oportunista durante una exhibición o de forma planificada, en España ya contamos con varios casos en los que los jóvenes cazados en posesión de alguna sustancia, además de la correspondiente sanción económica, se ganan también la expulsión, algunos durante varias semanas.

En 2020 la unidad canina de la Policía Nacional de Vigo se paseó durante una semana por las inmediaciones de diversos institutos de la ciudad. Una experiencia que finalizó con diez menores sancionados y que resulta preocupante por diversas razones. En primer lugar, la medida no es útil para el propósito de detección del menudeo para el cual se pone en marcha. Tan solo se detectó un alumno con hachís separado en cuatro partes que fue interpretado como indicio de trapicheo. En segundo, es preocupante que, tratándose de menores, el abordaje sea exclusivamente punitivo y no se opte por tomar medidas educativas. Obviamente, los menores no tienen poder adquisitivo para hacer frente a la sanción draconiana de 600€ por posesión de pequeñas cantidades de cannabis y será la familia quien asuma el coste, con suerte, de 300€ con la reducción por pronto pago. No es necesario mencionar que la sanción tampoco cumple su finalidad originaria de reducir el consumo mediante la condena social y el castigo. Por otro lado, resulta llamativo el despliegue de recursos para obtener tal nimio resultado. Un derroche de recursos públicos que deberían destinarse a priorizar delitos y otras conductas que sí ponen en riesgo a la ciudadanía. Pero, además, resulta aterrador que de 300 jóvenes identificados sólo el 3% portaba drogas. No sabemos si esos 300 jóvenes fueron identificados tras un marcaje de la unidad canina o fueron identificados, en contra de lo que señala la legislación, de forma arbitraria sin ningún indicio para ello. En el primer caso, supondría que la ratio de aciertos del perro es ridícula (3%) y se situaría incluso muy por debajo de los datos procedentes de la literatura científica (alrededor del 30%).  Porque a pesar de la creencia popular de la inefabilidad de estos animales, los estudios más relevantes llevados a cabo en Australia y Reino Unido señalan que tan solo en 1 de cada 3 personas que se registran tras ser marcadas por las unidades caninas se encuentran drogas. Sea como fuere, una identificación y registro, por su naturaleza pública, es un acto de criminalización que puede dar lugar a sentimientos de vergüenzahumillación o enfado, especialmente cuando se trata de falsos positivos. Es lo que le ocurrió a un alumno de un instituto de Girona que solicitó la presencia de la unidad canina de la Policía Local ante la sospecha de que algún alumno llevaba drogas. Durante el registro de las clases, el perro marcó su mochila y lo llevaron a un aula a parte donde la policía lo interrogó y le practicaron un registro. El hecho de que no se encontrara ninguna sustancia vuelve a poner de manifiesto la escasa fiabilidad y eficacia de los canes y el impacto emocional y social que puede acarrear. Además, los padres presentaron una queja por el trato que recibió su hijo y se abrió un expediente informativo para investigar, entre otras cosas, si se garantizó en todo momento que el menor siempre estuvo acompañado de, como mínimo, un adulto del equipo directivo y nunca estuvo solo con la policía. Afortunadamente, el caso trascendió y dio lugar a que tanto el Departament d’Educació como el de Salut de la Generalitat se posicionaran en contra de esta medida.

En otro caso de 2019, durante una exhibición de la unidad canina en un instituto de Marbella se detectaron tres alumnos que fueron sancionados con la multa correspondiente y la expulsión del centro durante veinte días. Según el claustro, se esperaba que ‘la expulsión sea un escarmiento tanto para los culpables como para el resto de la clase’. Sin embargo, privar a menores del sistema educativo durante veinte días como castigo no parece una medida muy pedagógica. ¿Qué aprendizaje se llevan de la experiencia? Que van a pasar veinte días en casa, sin adultos presentes y con libertad para consumir cannabis o pasar el tiempo con video juegos.  ¡Qué tortura! Además, probablemente tengan que afrontar otro castigo en casa. Suma y sigue. Y claro, también aprenden que la multa es carísima, aunque no la paguen, y aprenderán a desarrollar estrategias para burlar la ley y evitar que les vuelvan a pillar. Quizá la policía abandonó el recinto con gran orgullo, pero también con gran ignorancia del impacto de su actuación ‘preventiva’.

La cuestión alcanza cotas surrealistas con casos como el de Jake, un labrador de la policía de Durham, en Reino Unido, que, durante sus exhibiciones en las escuelas, facilitaba ‘su’ correo electrónico y animaba a los menores a contactarle si tenían dudas sobre drogas. Me pregunto qué sustancia tomaría quien ideó este ingenioso plan. Cuanto menos, inquietante.

En cualquier caso, a pesar de que las unidades caninas realizan una labor encomiable en diversas especialidades policiales, deberíamos cuestionarnos el uso de perros detectores, especialmente en los centros educativos. Una medida que se introduce en los institutos bajo la apariencia de prevención de drogodependencias y que pretende ser educativa pero que, lejos de prevenir y educar, logra criminalizar a la juventud mediante un abordaje meramente punitivo y que lejos de mejorar la situación de esos jóvenes y sus familias, logran colocarlos en posiciones aún más difíciles, tensas y vulnerables. Por ello, resulta desconcertante que los centros docentes la soliciten y que se implemente sin que la ciudadanía la cuestione.  Tal como apuntó al respecto Jaume Funes, psicólogo y educador experto en adolescencia, ‘el instituto que opta por esta medida demuestra que ha fracasado educativamente’.

 

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Núria Calzada, psicóloga (UB). Desde el año 2000 forma parte de Energy Control y cuenta con una amplia experiencia docente dirigida a profesionales de la salud, la educación y el ocio nocturno. Ha acompañado la creación de proyectos de reducción de riesgos en América Latina y participado en diversos estudios y publicaciones sobre drogas.
Desde hace más de una década es asesora de la organización colombiana Acción Técnica Social y en 2016 impulsó la creación de la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas (REMA) de España. En 2021 se unió a Law Enforment Action Partnership (LEAP Europe) – una organización de policías, jueces y fiscales a favor de la reforma- y recientemente al consejo consultivo del Instituto RIA de México. Además, colabora con la Revista Cañamo realizando entrevistas sobre políticas de drogas alrededor del mundo.

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